Si podemos arrostrar las consecuencias del cierre de la frontera, cerrémosla y negociemos desde una posición de fuerza. Y si no tenemos arrestos para soportar las consecuencias del cierre, más vale que nos callemos
gracian dijo el día 2 de Febrero de 2012 a las 22:00:
Pues discrepo con todo respeto don Emilio.
Y con su permiso le expongo mi opinión:
El plantear la mesa a tres alteró el statu quo vigente desde el Tratado de Utrecht. Supuso de hecho y de derecho conceder a un municipio (sea inglés o español es irrelevante a estos efectos)un status internacional equiparable al de España y Gran Bretaña.
Sólo por eso merecerían Moratinos y Trini reprobación parlamentaria sin entrar en exigencias de otro tipo de responsabilidades.
Esa modificación, como se ve, no era nada inocente, máxime cuándo el nuevo protagonismo de Gibraltar en la escena internacional venía auspiciado por España. Si Gran Bretaña ladinamente lo aceptaba era ante todo por la virtualidad de crear por la vía de la costumbre un nuevo uso capaz de derogar el tratado de Utrecht en ese particular y de esa forma doblar la representación británica.
Dicho más claro, de consolidar esa práctica Gran Bretaña podría imponer en cualquier momento la presencia de Gibraltar en la mesa con plena legitimidad, no porque Gran Bretaña internamente a diferencia de España le otorgue personalidad jurídica sino porque así tiene dos portavoces distintos que defienden sus intereses.
Y ahí lo tiene, en efecto, a la primera ocasión, Gran Bretaña, exige en aplicación del nuevo status, la presencia de Gibraltar.
(sigue)
Trastos dijo el día 2 de Febrero de 2012 a las 21:33:
Totalmente de acuerdo.
Cierre total de la frontera y que empiece a costar dinero a Gran Bretaña mantener el Peñon.
Pues discrepo con todo respeto don Emilio.
Y con su permiso le expongo mi opinión:
El plantear la mesa a tres alteró el statu quo vigente desde el Tratado de Utrecht. Supuso de hecho y de derecho conceder a un municipio (sea inglés o español es irrelevante a estos efectos)un status internacional equiparable al de España y Gran Bretaña.
Sólo por eso merecerían Moratinos y Trini reprobación parlamentaria sin entrar en exigencias de otro tipo de responsabilidades.
Esa modificación, como se ve, no era nada inocente, máxime cuándo el nuevo protagonismo de Gibraltar en la escena internacional venía auspiciado por España. Si Gran Bretaña ladinamente lo aceptaba era ante todo por la virtualidad de crear por la vía de la costumbre un nuevo uso capaz de derogar el tratado de Utrecht en ese particular y de esa forma doblar la representación británica.
Dicho más claro, de consolidar esa práctica Gran Bretaña podría imponer en cualquier momento la presencia de Gibraltar en la mesa con plena legitimidad, no porque Gran Bretaña internamente a diferencia de España le otorgue personalidad jurídica sino porque así tiene dos portavoces distintos que defienden sus intereses.
Y ahí lo tiene, en efecto, a la primera ocasión, Gran Bretaña, exige en aplicación del nuevo status, la presencia de Gibraltar.
(sigue)