Tal y como hiciera el martes el ministro de Educación, este miércoles los ministros de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y de Sanidad, Ana Mato, han comparecido ante la Comisión del Congreso para esbozar las líneas generales de lo que pretenden hacer en sus respectivos departamentos.
De sus intervenciones y anuncios podríamos decir lo mismo que ya veníamos a señalar respecto de las reformas educativas anunciadas por Wert: que están bien orientados pero faltos de concreción a la hora de detallar las medidas que se van a llevar a cabo para alcanzar sus buenos propósitos, teniendo especialmente en cuenta el hecho de que numerosas competencias que les afectan están en manos de las autonomías.
Empezando por Arias Cañete, nos parece una magnífica noticia la creación de un "nuevo Plan Hidrológico Nacional" que garantice el suministro de agua en "calidad y cantidad suficiente", de forma "integral y solidaria" en todo el territorio nacional, tanto para las necesidades humanas como para las del mantenimiento de los ecosistemas. No podemos contener nuestra suspicacia, sin embargo, cuando no hemos oído al ministro pronunciar la palabra "trasvases", sin los cuales ningún proyecto hídrico auténticamente nacional es viable. Y es que para tener un "Plan Hidrológico Nacional" no es necesario diseñar nada "nuevo"; basta recuperar el proyecto auspiciado por Aznar, muy similar, por cierto, al diseñado por Borrell en la anterior etapa de gobierno socialista. A pesar de que ese proyecto disponía de toda la financiación necesaria, incluidos los más de 4.000 millones de euros provenientes de Bruselas, y el consenso del Consejo Nacional del Agua que agrupaba a las asociaciones de regantes, confederaciones hidrográficas y administraciones públicas, Zapatero lo abortó por presiones de los nacionalistas en una de las muestras más claras de la insolidaridad, el cainismo y la falta de cohesión que generaba su nula idea de España como nación.
Al margen de la cuestión de la financiación, Arias Cañete deberá ahora anunciar cómo piensa restablecer el consenso perdido, sobre la base irrenunciable y desacomplejada de que cualquier plan, por nuevo que sea, tiene que abordar algo tan lógico y necesario como es llevar agua de donde sobra a donde falta. Como Arias Cañete sabe perfectamente la supuesta alternativa de las desaladoras no es tal, sino que ha constituido un auténtico desastre, letal, por cierto, para ese medio marino que, en otra parte de su intervención, Arias Cañete se ha mostrado partidario de proteger en mayor medida.
En cuanto a Sanidad, bien está que Mato haya fijado como objetivo fundamental de su departamento hacer "sostenible" el sistema sin menoscabo de su "calidad". Tambien es un acto de responsabilidad su insistente advertencia de que las consejerías autonómicas del ramo deben la friolera de 15.000 millones de euros. Sin embargo, su negativa a que el Estado recupere la competencia en Sanidad, nos hace dudar de su margen de maniobra para poner coto a esta insostenible sangría. Téngase en cuenta que el nuestro es, además, un modelo sanitario mal descentralizado, donde el Estado central tiene una competencia regulatoria básica que establece el catálogo mínimo de prestaciones que están obligados a ofrecer todos los servicios de salud autonómicos, pero que pagan las Comunidades Autónomas. Para poner coto a este desbarajuste, Ana Mato se ha limitado anunciarnos una especie de Pacto de Toledo sanitario que habrá que ver si sirve para lograr una sanidad eficiente e igual para todos o, por el contrario, para no airear políticamente el desastre al que nos condena el inmovilismo.
Habrá, pues, que esperar a los próximos consejos de ministros para que estos anuncios se concreten y saber si Arias Cañete y Mato, al igual que Wert, pretenden auténticas reformas o simples maquillajes del actual statu quo.