Al margen de las que afectan al ámbito económico y judicial, la reforma que más necesita nuestro país es la que se refiere a su sistema educativo. Desde hace décadas, los recursos públicos dedicados a la educación han ido acrecentándose hasta situar a España a la cabeza de los países de la OCDE en el ratio de gasto por alumno. Esta evolución, sin embargo, ha ido paralela a una degradación de nuestro sistema educativo que ha llevado a los alumnos españoles a cosechar uno de los mayores indices de fracaso escolar y a obtener mucho peores notas en todas las variable medidas por el informe PISA, ya sea en lectura, ciencia o matemáticas.
Aunque leyes educativas ha habido muchas, ninguna de ellas ha roto con el fracasado marco educativo impuesto por la LOGSE, que erradicó como valores caducos el del esfuerzo, la excelencia, la disciplina o el respeto a la autoridad del profesor.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, acaba de presentar unas reformas que parecen decididas a cambiar esta situación y a abandonar "la cultura del acomodo y la mediocridad" en favor del "esfuerzo, el mérito y la satisfacción por el trabajo bien hecho". En apoyo de estos buenos propósitos generales, el ministro ha anunciado una "profunda reforma en la educación secundaria" con el objetivo de elevar la preparación para los alumnos que opten al Bachillerato y a la formación profesional. Se instaurará un bachillerato de tres años, de los cuales el primer curso sustituirá al cuarto curso de la ESO y se dedicará a orientar a los estudiantes, bien a la Formación Profesional o bien a completar la formación previa al acceso de la Universidad.
Junto a estas medidas, Wert pretende fomentar la educación bilingüe, lo que significa, según sus propias palabras, pasar de aprender inglés a "aprender en inglés". Es una pena que, sólo de forma vaga y a instancias del representante de UPyD, el ministro se haya comprometido a algo mucho más exigible como es el derecho a "aprender en español", flagrantemente vulnerado en algunas regiones españolas.
Aunque para garantizar de manera efectiva que los padres puedan escolarizar a sus hijos en la lengua común de todos los españoles no son precisamente necesarias nuevas leyes, sino cumplir –y hacer cumplir- las que ya hay -empezando por la Constitución y siguiendo por las sentencias de nuestro más altos tribunales-, la "estricta vigilancia" que el ministro nos anuncia en defensa del mandato constitucional hubiera sido más creíble de habernos informado cómo pretende acabar con una situación que a día de hoy siguen sufriendo muchos catalanes y ciudadanos de otras regiones españolas.
Indirectamente relacionado con ello, está la decisión del ministro de fomentar la autonomía de los centros educativos. En España, desgraciadamente, casi todas las cuestiones relativas a la enseñanza son rígidamente impuestas por las autoridades educativas. Dotar de mayor autonomía a los centros e instaurar una cultura de la evaluación, no sólo de los alumnos, sino también de los centros escolares, es fundamental para mejorar su calidad. Sin embargo, esta saludable autonomía y esta necesaria evaluación quedarían cojas si no van acompañada de la "libertad de elección de centro", libertad que sólo ha sido mentada durante su intervención por la portavoz del PP. Y es que sin la libre y "gratuita" elección de centro educativo, la autonomía docente puede traducirse en irresponsabilidad a cargo del contribuyente, y la evaluación de centros no traducirse en competencia ni en mejoría. Esta libertad para elegir centro educativo, mediante cheques escolares, no sólo permitiría elegir el modelo educativo que los padres prefieren para sus hijos, sino que permitiría a los centros de enseñanza diseñar más autónoma y responsablemente su oferta educativa, incluyendo la lengua o las lenguas en las que van a educar.
Mención aparte merece la sustitución de la polémica "Educación para la ciudadanía" por la llamada "Educación cívica y constitucional". El problema de aquella asignatura nunca estuvo en su nombre, sino el hecho de que su contenido desbordara, tal y como ha señalado el ministro, la formación cívica conforme a las directrices formuladas por el Consejo de Europa, para entrar de lleno en el terreno del dirigismo moral y del adoctrinamiento ideológico.
En conclusión, las reformas anunciadas por Wert están bien dirigidas, por mucho que, a falta de mayor concreción, aun nos parezcan poco ambiciosas a la hora de "hacer más con menos".
