Comparto la sorpresa del ministro de Justicia cuando afirmó, en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que se sorprendía de la sorpresa de la Oposición al anunciar como líneas maestras de su política el programa electoral del PP. Yo también me sorprendí de que cause sorpresa que un ministro anuncie que va a cumplir los compromisos electorales, pero me sorprendo porque tras dos incumplimientos –en 1996 y 2000- , por fin, a la tercera, el PP va a cumplir con una promesa pendiente desde 1985.
Por si el lector no lo ha deducido, me estoy refiriendo a la intención de reformar el sistema de elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, que los doce de procedencia judicial sean elegidos por los propios jueces, lo que se ajusta al pacto constitucional y que rompió el PSOE en 1982, nada más llegar al poder. Desde entonces el desprestigio de ese órgano y, por extensión, del Poder Judicial ha sido lo normal. Lo trágico es que siendo tal desprestigio algo sabido y constatado, se ha preferido mantenerlo con tal de no perder el control político sobre ese órgano.
Ahora toca concretar, en esta y en el resto de las promesas electorales que suelen esbozarse en grandes trazos. En el caso de la elección de los vocales del Consejo, habrá que determinar el sistema electoral para que se cumpla con la Sentencia del Tribunal Constitucional, aquella de 1985 que dijo que el sistema de entera elección parlamentaria era constitucional, pero que era más el de elección por los jueces. En esa sentencia el Tribunal sostuvo que el sistema electoral debe ser un reflejo de las diferentes tendencias que hay en la Judicatura. Entre los jueces la tendencia mayoritaria se aglutina en tres asociaciones estrictamente profesionales y la minoritaria en otra que concibe al juez en una suerte de activista ideologizado que viste la toga para cambiar la sociedad.
Pero esa necesidad de concretar es aun más acuciante en las otras materias: reforma de ley penal del menor y cadena perpetua revisable. Aquí los riesgos son enormes porque una cosa es un mensaje electoral atractivo, basado en apreciaciones a veces de “brocha gorda” –aquí nadie cumple las penas, España es un paraíso para el delincuente, las cárceles son hoteles de lujo, etc- y otra la realidad. El riesgo es doble: o bien que las cosas queden como están tras los oportunos cambios que permitirán que se cumpla la máxima lampedusiana -si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie- o se hacen reformas que lleven a que haya justos que paguen por pecadores.
Me explico. En cuanto a la cadena perpetua revisable, habrá que concretar qué se añadiría al vigente Código Peral que establece un tiempo máximo de cumplimiento efectivo –tras descuentos- de hasta cuarenta años de cárcel. El ministro habló de aplicarlo a los delitos que suscitan más repulsa. Yo no tengo un "repulsómetro", pero intuyo que se entiende los delitos más graves, y eso ya está en el Código Penal.
Aún más delicado es lo relativo a la ley penal del menor, terreno en el cual, antes de dar un paso sería oportuno tener todos los datos que permitan saber qué nivel de fracasos propicia la legislación vigente, no sea que por un caso sonado se perjudique a otros menores a los que la ley vigente les está ayudando. Y cambiando de tema, la idea de la tasa judicial o del copago, con ser una idea atractiva, habrá que perfilarla mucho para que sea compatible con la tutela judicial efectiva y, sobre todo, cumpla dos finalidades: disuadir al litigante temerario y permitir que la Justicia se financie.
Hay muchos más temas: reforma del sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, de la ley concursal, nuevo Código de Comercio, etcétera, pero por encima de todos –incluso de la reforma de la Justicia- destaca uno por su especial gravedad: la reforma de la ley del aborto.
Por ahora, lo único anunciado es que la ley vigente se modificaría para que las mayores de dieciséis años cuenten con la autorización paterna. Esto no es nada. La ley de 2010 debe ser derogada sin más: no puede seguir ni un minuto más una norma basada en el principio aberrante de que para una mujer es un derecho acabar con la vida del hijo que espera. Pero tampoco basta con volver a la ley de 1985, que se ha saldado con un enorme fraude –aparte de negocio- que ha hecho de España el paraíso del turismo abortivo; y la expresión no es mía, sino del Consejo de Estado.
José Luis Requero Ibáñez es juez magistrado de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Autor del libro El asalto a la Justicia (Ciudadela, 2009)