En las anteriores entregas hemos visto cómo, a inicios del siglo XVI, España pasó a formar parte de un grupo de naciones diferentes –Portugal, Italia, las repúblicas hispanoamericanas...– al extirpar la Reforma de su suelo y abrazar la Contrarreforma. Semejante paso la apartó de una nueva ética del trabajo, de una visión novedosa del crédito y de los negocios, de una alfabetización amplia como en las naciones reformadas, de la revolución científica, de la primacía de la ley, de una moral que calificaba de grave la mentira y el hurto, de la separación de poderes y de una visión constitucional realmente democrática como fue el caso de la anglosajona, en general, y la norteamericana, en particular. Por añadidura, colocó tanto a España como a las naciones de Hispanoamérica en una tesitura extraordinariamente difícil como fue la de elegir una perpetua minoría de edad sometidas al control de la iglesia católica no sólo en términos religiosos sino también políticos o al no menos férreo de la masonería.
En contra de lo que han sostenido los anti-norteamericanos que en el mundo han sido el gran drama de Hispanoamérica no fue el de intentar copiar el modelo político, económico y social de los Estados Unidos sino el de reproducir, con todos los matices que se deseen, el aciago enfrentamiento que tenía lugar en España y en otras naciones donde la Reforma había sido desarraigada como fue el caso de Portugal o Italia. A un lado, quedó un catolicismo ultramontano y agresivo, dispuesto a alzarse en armas si llegaba el caso y partidario del absolutismo e incluso de la fragmentación territorial –¿suena familiar? – si servía para mantener su influencia y sus privilegios. Al otro lado, estaba una masonería que, ciertamente, abogaba por la unidad nacional y por una cierta modernización, pero negando al pueblo la capacidad de decidir, incurriendo en la típica corrupción de las minorías en la sombra y envolviendo su proyecto de dictadura con alegatos de carácter populista. Los resultados no pudieron ser más amargos.
Francia tuvo su propia revolución, pero no inspirada en el pesimismo antropológico del protestantismo que exigía una división de poderes, sino en el optimismo antropológico de la masonería a la que pertenecieron sus grandes dirigentes desde Mirabeau a Danton pasando por Lafayette. El resultado fue, ciertamente, el final del Antiguo Régimen y una extraordinaria modernización llevada a cabo a partir del gobierno de Napoleón. Sin embargo, la democracia resultó inexistente hasta la caída de Luis Napoleón en 1870. En el trágico ínterin, Francia –con claros paralelos en España– se vio desgarrada por el enfrentamiento entre el absolutismo monárquico apoyado por la iglesia católica y la masonería que creó regímenes oligárquicos desde los que proceder a la iluminada educación del pueblo francés. El inicio del siglo XX todavía contemplaría el último enfrentamiento entre el estado ya democrático, pero secularista, y la iglesia católica así como el triunfo total del primero. Es dudoso que se tratara de un modelo digno de ser imitado, pero así lo vieron no pocos al sur de los Pirineos.
En el caso de Italia, esta distribución de fuerzas significó una sucesión de guerras civiles que concluyeron con la unificación italiana, la práctica desaparición de los Estados pontificios –el gran obstáculo para la unidad nacional como había señalado Maquiavelo– y la creación de un estado liberal, aunque dudosamente democrático sólo en el último tercio del siglo.
En el caso de Hispanoamérica, los cuartelazos de uno y otro signo se fueron alternando durante el siglo XIX sin crear un solo modelo verdaderamente democrático e incurriendo ya a inicios del siglo XX en algunos estados medularmente masónicos y anticlericales como fue el caso del México posterior a la revolución.
En el caso de España, las guerras carlistas fueron el intento continuo de mantener la alianza del trono absolutista y el altar católico frente a una modernización del estado que, por razón natural, habría significado un recorte de los privilegios de la iglesia católica.
En todos y cada uno de los casos, se trató de experiencias nacionales dramáticas, con enfrentamientos armados evitables y, con aisladas excepciones, con conclusiones lejanas de una democratización y una madurez de la sociedad. Por supuesto, menudearon los conflictos de carácter regionalista cuando no separatista, algo que merece la pena recordar en la España de inicios del siglo XXI. No fue el caso español peor que el de Argentina o México si así se quiere ver. Incluso se pueden señalar los parecidos con Italia, pero estuvo a enorme distancia de Inglaterra, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda y los Estados Unidos. No extraña, pues, que con una población dividida entre el sometimiento absolutamente acrítico a la iglesia católica o a la masonería los proyectos constitucionales fracasaran uno tras otro. Fracasó la primera constitución democrática española que nació de la revolución de 1868 quizá porque el pueblo español, mantenido en la minoría de edad durante siglos por la iglesia católica, fue incapaz de trasegar esa libertad sin emborracharse con el cantonalismo o sin burlarse del imperio de la ley. Amadeo de Saboya, rey masón, pero cargado de buenas intenciones, acabó abandonando España desesperado y convencido de que los españoles no eran aptos para un sistema constitucional. Sobre lo que esa actitud significó en sufrimiento para su dignísima esposa es mejor no detenerse.
Duró más, pero, con escasa eficacia, la constitución de la Restauración del último cuarto del siglo XIX. Pero ¿podía salir bien a la larga un experimento político que no dependía de la voluntad popular expresada en las urnas sino que pactaba el "pucherazo" de los partidos conservador y liberal de acuerdo con sus intereses? A decir verdad, sorprende que a partir de 1898 siguiera dando tumbos el sistema sin que se desplomara antes de 1931. Quizá quepa atribuirlo a esa capacidad de los sistemas políticos españoles que espacian considerablemente el tiempo entre su muerte y su sepultura efectiva. Por último, la constitución de la Segunda República (1931) fue redactada desde sus inicios con la intención no de implantar un régimen democrático sino de llevar a cabo los deseos de fuerzas políticas incompatibles entre sí, con un peso extraordinario de la masonería en su redacción y con una carga anticlerical innegable. Por una de esas paradojas en que tan pródiga es la Historia –no sólo la de España– esa misma constitución que significaba la expulsión de la Compañía de Jesús, como ya había hecho Carlos III en el siglo XVIII, trajo, sin embargo, la libertad religiosa plena a las minorías religiosas no-católicas, una libertad de la que no volverían a disfrutar hasta la Constitución de 1978.
Como en tantos episodios de la Historia de España, los mencionados abundaron en héroes y villanos, en gente noble y en locos de atar, en idealistas y carreristas. Sin embargo, la heroicidad de los carlistas en el campo de batalla no desmiente lo más mínimo que su proyecto era totalmente liberticida y medieval, cosa que, por otra parte, poco les importaba ya que sus prioridades no eran ni lejanamente las de una democracia que modernizara España sino la de una Arcadia católica que nunca existió, pero en la que creían. Algo similar, por supuesto, podía decirse de los masones empeñados en modernizar una España que necesitaba desesperadamente la modernización desde hacía siglos, pero que no estaban dispuestos a compartir semejante carga con otros segmentos sociales. Con todos los matices que se quiera y con escasas y minoritarias excepciones, así llegó el pueblo español a la Segunda República. De todos es sabido que el experimento republicano de inicios de los años treinta acabó desembocando en una guerra civil a la que siguió una dilatada dictadura. Dicho sea de paso, con una convicción en ambos bandos de que el pueblo español era una criatura menor de edad a la que había que embridar para que siguiera a sus dirigentes naturales que, según el caso, podían enarbolar un crucifijo o la hoz y el martillo. Pero para llegar a esa cuestión, tenemos que detenernos en algo que también es diferente en la Historia de España: la izquierda.
Continuará: La izquierda española, un retrato en negativo de la iglesia católica