El pasado 13 de julio de 2011, coincidiendo con el decimocuarto aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la organización terrorista ETA emitió un comunicado para celebrar los buenos resultados electorales que había cosechado su brazo político en las elecciones municipales de mayo. De la misma forma que Arnaldo Otegui, días antes y en referencia a Bildu, se había jactado de que "empezamos siendo cuatro o cinco y ya somos 313.000", la banda terrorista celebraba en ese comunicado que "Euskal Herria haya ganado la batalla política e ideológica de la ilegalización". Lo cierto es que ya, entonces, a los terroristas y a su más célebre vocero no le faltaban motivos para la alegría, pues Bildu no sólo había conseguido ser en el País Vasco la primera en número de concejales, sino que su simple presentación a las elecciones, como apuntaba ETA, suponía para ellos una "batalla ganada" contra una supuestamente ley en vigor, como es la Ley de Partidos.
Ciertamente lo era: como todos debemos recordar insistentemente, a la luz de esa ley y basándose en demoledoras pruebas policiales, una sentencia del Tribunal Supremo había impedido inicialmente a Bildu presentarse a las elecciones por ser continuadora de la ilegalizada Batasuna; pero, finalmente, gracias a una bochornosa sentencia del Tribunal Constitucional, impulsada por los magistrados designados a instancias del PSOE, esa ilegalización fue rechazada, gracias a lo cual Bildu pudo finalmente presentarse.
Desde el PP, por aquel entonces, no faltaron voces que se comprometieron a acabar con esa dependencia política en el seno del Constitucional y a reactivar la Ley de Partidos para que Bildu fuera expulsada de las instituciones democráticas.
Ahora, incluso para defender algo tan elemental como es la negativa de Rajoy a incluir en su ronda de conversaciones a quienes se siguen negando a condenar el asesinato de sus compañeros de partido y de casi un millar de españoles, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha alterado la memoria de lo que es y significa Amaiur, al decir simplemente de esta formación que "tiene objetivos que no contempla la Constitución". Es de suponer que el PP tendrá argumentos más sólidos para hacer frente al formidable reto que supone la presencia de Bildu en los ayuntamientos vascos y navarros y de Amaiur en la Cámara que expresa la soberanía nacional. Agotar todas las vías legales para evitar la impunidad y el escarnio es uno de los compromisos que primero tendrá que atender el nuevo Gobierno y la aplicación de un discurso contemplativo y conciliador no parece lo más pertinente, incluso si se atiende a los resultados electorales del PP en el País Vasco.