La II República aportó el término "enchufe" cuando las Diputaciones aún no habían llevado la electricidad a los pueblos y se quedó en nuestro vocabulario como sinónimo de los favores que hacen los amigos en posiciones influyentes. Pero a raíz del caso Campeón, esa antigua práctica se llama "gestión" y es tan inocente que la hace todo el mundo. Concejales, alcaldes, consejeros y ministros no cesan de recibir telefonazos para que se agilice este o aquel trámite, y en lugar de responder que se pongan a la cola, les hacen el favor. El pobre Blanco. No sólo se interesaba por proyectos que crean empleo, sino que trataba de optimizar un sistema anquilosado que condena a España a un puesto similar a Ruanda en el índice Doing Business del Banco Mundial. Por ese motivo "siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno", como bien sabía uno de los empresarios favorecidos por la "gestión".
El problema es que en el Código Penal existe un delito llamado de tráfico de influencias y que Blanco podría haber incurrido en él, de acuerdo con las investigaciones de un juzgado. Y así, tantos años después de que "la campaña de los enchufes" fuera denunciada como una infamia urdida contra los socialistas por los enemigos de la República, los que ahora portan las siglas del PSOE apuntan a una conspiración contra su ministro de Fomento para impedir su indispensable aportación al futuro del partido. Los socialistas tienen su propia concepción de cuál debe de ser el tempo judicial. La regla de oro es que los jueces paralicen cualquier causa que involucre a uno de ellos durante una campaña electoral.
Hay quien eleva tales componendas a "principio ético". Quieren decir que es "ético" que un juzgado se pliegue a las necesidades de un cargo público y congele el caso que le implica en los "períodos sensibles", en definición de Jáuregui. Y ay de aquel que no someta sus decisiones a los ritmos propios del tempo político. Pasen y vean qué les espera a los insumisos que se comportan tal y como si fueran, en verdad, jueces y miembros de un poder independiente. Así, la juez de Lugo, Estela San José, a la que se hace pasar por brazo ejecutor de la Operación Gasolinera para acabar con Blanco. O Mercedes Alaya, transformada por el Alfonso Guerra, el enterrador de Montesquieu, en una Mata Hari del PP infiltrada en los juzgados de Sevilla. Porque si los jueces incordian y perjudican al partido, no son independientes. Y si no perjudican al adversario, tampoco.