Ley Sinde con esteroides

Después de fracasar en su intento del año pasado de que se aprobara una norma similar, aunque menos dura, el senador demócrata Patrick Leahy ha vuelto a proponer una versión norteamericana de la Ley Sinde. Pese a que PROTECT IP es más garantista que nuestra versión local, las organizaciones de derechos civiles están protestando ruidosamente. Y no es para menos.

De aprobarse esta ley, tanto el Gobierno como los propietarios de derechos podrían demandar en un tribunal federal aquellos sitios web que consideraran dedicados principalmente a la violación de nuestros derechos. El juez, si lo estima conveniente, puede emitir una orden que conllevaría la eliminación del dominio de las DNS norteamericanas –que son las que cortan el bacalao en el caso de dominios como el .com o el .org– así como su desaparición de motores de búsqueda como Google, Yahoo o Bing.

Por un lado, esta ley al menos deja la decisión en manos del poder judicial, al contrario que la norma española, que permite a una comisión administrativa, de la que los acusadores forman parte, decidir si tal o cual web viola los derechos de autor. Pero por otro produce mayor indefensión, ya que no es necesario informar al propietario de la web castigada, que se enteraría del castigo cuando intentase acceder a su propio sitio web y viese que no funciona.

Pero lo más grave es que amplía enormemente el alcance de las sanciones, dado que, nos guste o no, EEUU es un país crucial en la infraestructura de la red; los principales dominios y motores de búsqueda están alojados allí y las decisiones judiciales que se adopten no afectarán sólo a los estadounidenses sino a todo el mundo. Entre los principales riesgos a los que se enfrenta la red bajo normas semejantes es la fragmentación del sistema de nombres y, con ella, la de internet.

Ahora, si un juez español decide que a tarjetadirecta.org no se puede acceder desde nuestro país, así habrá de ser. Pero lo que no puede decidir es que dicha dirección de internet quede prohibida también en Ghana. Si lo que deciden unos jueces norteamericanos empieza a aplicarse a todo el mundo, sería raro que no surgiera al menos un sistema de dominios alternativo, lo que provocaría que internet se partiera en dos.

La Ley Sinde es principalmente un problema español. Pero la PROTECT IP es un problema de todos. Para bien o, como en este caso para mal, Estados Unidos es el país más importante en internet, y lo que se legisle allí afecta también en la Conchinchina.