Hacia el final de una grave anomalía

La grave anomalía es, como en seguida trataré de argumentar, el conjunto de asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC). Y su final el que debe producirse con el esperado cambio político del 20N.

Sí, el término anomalía puede resumir bien lo que significan, desde su implantación como principal novedad de la LOE de 2006, las polémicas materias escolares. Anomalía que es una de las manifestaciones más emblemáticas de la inmensa impostura política y cultural de Zapatero. Recordemos que su ideólogo Peces Barba afirmó, apenas iniciado el primer mandato del todavía Presidente, que "sólo con ser capaz de poner en marcha esta iniciativa (la de EpC) el Gobierno habría justificado la legislatura" (El País, 22/11/2004).

EpC es, antes de nada, una anomalía moral. Y lo es porque implica la pretensión del Estado de sustituir a los padres en la formación de la conciencia de sus hijos. Porque supone una invasión por el poder político de la intimidad de los alumnos y sus familias. Porque violenta la libertad y la responsabilidad de cada persona de buscar y descubrir por sí misma la verdad y lo que es justo al imponernos una "moral pública común" definida unilateralmente desde el Gobierno de turno.

EpC es también una anomalía jurídica. Porque, como destacaron un buen número de tribunales hasta las oscuras sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2009 -e incluso después de éstas, como fue el caso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León-, el artículo 16.1 de la Constitución Española es diáfano en este sentido a la hora de proteger la libertad ideológica de los individuos. Y el 27.3 no lo es menos en su mandato de que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Finalmente, EpC es una anomalía pedagógica. Aunque quizá mejor tendríamos que decir que es una expresión superlativa del caduco y fracasado -aunque, por desgracia, hoy "normal"- pedagogismo relativista de la LOGSE de 1990. Y anomalía pedagógica, en todo caso, con relación a la práctica europea de la educación cívica y el conocimiento por los escolares de las instituciones políticas fundamentales en un contexto democrático.

Haber mantenido viva, durante cinco difíciles años de lucha y sacrificios, la conciencia social de estas anomalías es uno de los méritos indiscutibles del movimiento de padres objetores a EpC. Una tenaz resistencia de la sociedad civil frente a la tentación totalitaria que todavía trae en jaque a este experimento educativo socialista gracias a los recursos de amparo admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, las casi 400 demandas que esperan sentencia en Estrasburgo, las denuncias de EpC en un total de nueve foros internacionales (OSCE, Naciones Unidas, Consejo de Europa...) y el testimonio de compromiso cívico de cientos de padres que mantienen a sus hijos fuera de las clases de EpC.

Ante este panorama, el Partido Popular sólo tiene una opción: cumplir sus compromisos y eliminar las asignaturas de EpC. Sin ambigüedades, sin maquillajes, sin componendas. Por eso estoy convencido de que nos encaminamos hacia el final de una grave anomalía.