En cualquier programa regeneracionista figura con letras estelares el proyecto de reformar la Justicia. Es obvia la necesidad de hacer que el Poder Judicial sea independiente de los otros dos. El PSOE de Felipe González cercenó esa independencia y el PP de Aznar no quiso devolvérsela. Zapatero se ha quedado con las ganas de terminar de cargársela gracias a que la crisis económica lo ha tenido entretenido haciendo como que gobierna. No hay mal que por bien no venga.
El caso es que algunos jueces, por su proyección política o por lo que sea, huelen el rolar del viento político antes que la mierda, con perdón. No sé si es el caso de Antonio Pedreira, quien, después de más de dos años, ha decidido que no hay forma de estar seguro de que L. B. sea Luis Bárcenas, ni de que J. M. sea Jesús Merino en la contabilidad de la Gürtel. Tiene razón la Fiscalía Anticorrupción al irritarse y alegar que nada sustancial ha cambiado desde que se imputó a estos dos populares en la trama corrupta. Pero, claro, allí no deben gastar un olfato tan fino.
En Cataluña pasa tres cuartos de lo mismo. Lustros lleva la Generalidad, da igual en manos de quién haya estado, pisoteando los derechos de los catalanes que quieren educar a sus hijos en castellano. Se han subvencionado, especialmente en aquella tierra, las más atrabiliarias excentricidades, pero desde hace Dios sabe cuánto no hay forma en Barcelona de recibir enseñanza en español, cosa que es perfectamente posible hacer en París, Roma o Bruselas. Hay una generación entera de catalanes castellano-parlantes a quienes se les ha negado el derecho a aprender su lengua materna y de repente, sin saber por qué, los señores magistrados del TSJ catalán despiertan de su letargo y deciden que eso no puede seguir siendo así. Es ahora, precisamente ahora, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se acuerda de que tenemos una Constitución que consagra ciertos derechos que deberían respetarse incluso en un lugar tan alérgico a ellos como es Cataluña. ¿Por qué ahora? Será por lo que sea, pero alguien, como en el caso de Pedreira, podría suponer que huelen el rolar del viento y cambian la disposición del velamen de sus barcos para aprovecharse de la nueva brisa.
Queda por ver qué harán los magistrados de la Audiencia Nacional, convocados por Bermúdez para la tarde del 20 de este mes, cuando decidan si lo de El Faisán es colaboración con organización terrorista o no. De que lo sea o no depende que el asunto siga en la Audiencia Nacional o pase a un juzgado del País Vasco, donde el escándalo quedaría en buena medida desactivado. Me da en la nariz, ya que de olfatear se trata, que, rolando como está el viento, la Audiencia va a decidir que avisar a un terrorista de que lo va a detener la Policía es colaborar con él. ¿Ustedes no se lo huelen?