Fraude consensuado es la mejor definición del arreglo PP-PSOE para la reforma Constitucional. Nos la ha dado Rallo y le sobran razones. El déficit no tendrá límite cuando la economía vaya mal. Y el único que se fijará, del 0,4 por ciento, será efectivo cuando haya pleno empleo y el Estado debiera, en realidad, acumular superávit para compensar los déficit de la época de crisis. Si sumamos a ello que los futuros gobiernos podrán cambiar ese límite sin modificar la Constitución, pues se fija por Ley Orgánica y que, en cualquier caso, se lo saltarán cuando les venga en gana, como han hecho con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que impone la UE, ¿a qué viene este revuelo con la reformita?
Los nacionalistas tienen un único motivo. Durán i Lleida lo expresaba con claridad en el Parlamento: "Proceden hoy a reformar la Constitución sin contar para nada con nosotros". Y añade diciendo que eso "significa para nosotros una ruptura del proceso constituyente". ¿Sabía usted que estábamos en un proceso constituyente? ¿No? No lo sabía porque no lo estamos. Pero sí para los nacionalistas, porque para ellos todas las instituciones españolas están permanentemente en entredicho hasta que no colmen sus objetivos. Y porque algo, en efecto, se ha roto: el pacto tácito que tienen con PSOE y PP de que no se cambiará la Constitución si no es con su consentimiento. Y se enfadan como un niño al que dejan fuera del juego.
¿Y la izquierda? ¿De qué se queja? Hemos echado por la borda la oportunidad de fijar constitucionalmente una regla fiscal que ponga un límite a la tendencia de los políticos de gastar permanentemente más de lo que ingresa el Estado. Dado que el gasto público es el verdadero impuesto, el déficit permanente es un camino relativamente fácil, todos lo son, al crecimiento del Estado. Todo gasto añadido, se cree, se pagará antes o después con más impuestos futuros o inflación. Grecia nos indica que hay un límite a todo ello, pero mientras sí hay una alianza entre el déficit permanente y el socialismo manirroto. Una regla que hubiese impuesto de verdad la estabilidad presupuestaria, aunque fuera para el conjunto del ciclo económico y no año a año, sería políticamente perjudicial para la izquierda. Introduciría forzosamente en el debate público la constatación de que todo gasto tienen que pagarlo los ciudadanos más pronto que tarde.
Sí, esto es lo que deberíamos haber hecho. Pero la reforma ni siquiera tiene la intención de acercarnos a una mayor estabilidad presupuestaria. Entonces, ¿por qué se quejan? Porque una norma tan inane como ésta recuerda, al menos, que hay un límite al gasto público. Rompe el pensamiento infantil de la izquierda de que sólo porque queremos algo lo podemos tener sin mayor coste. Porque deja testimonio, aunque manco, de que en las cuentas públicas hay que ser responsable. Y se enfadan como un niño al que no le hacen el regalo que desea.