La excusa es siempre la misma: combatir el delito. Algunas veces, sin especificar con mayor detalle. En otras, se vende más a la tremenda: luchar contra el terrorismo, combatir la pornografía infantil o (por algún motivo, tratan de hacernos creer que se trata de una lacra tan peligrosa como las anteriores) terminar con las "descargas ilegales". En cualquier caso, los políticos de todo el mundo suelen hacer referencia a la lucha contra el crimen para justificar alguna nueva medida destinada a controlar qué hacemos los ciudadanos en internet.
El último ejemplo de esto viene de tierras nórdicas, en concreto, de la patria de La Sirenita (la estatua, no la de Disney). El Ministerio de Justicia de Dinamarca pretende crear un sistema de identificación obligatorio para poder navegar en internet, de manera que se pueda identificar de forma exacta a un internauta sin tener que recurrir a la menos precisa IP (que permite localizar el ordenador, pero no al usuario que lo ha manejado). Por supuesto, y como señalábamos más arriba, la excusa es poder determinar quién ha cometido un delito utilizando internet. En concreto, dicen, la idea es utilizarlo para perseguir a los implicados en actos de terrorismo.
El problema de este tipo de medidas es que permiten ejercer un mayor control de la población, no sólo de los posibles implicados en acciones delictivas. Por muchos controles que se traten de imponer para evitar abusos, como la obligación de una orden judicial para rastrear el comportamiento de un usuario concreto, las autoridades siempre pueden encontrar modos de saltárselos. Si no, que les pregunten a los responsables de los servicios secretos de todo el mundo. Y, aunque no fuera sencillo, este tipo de medidas suponen una vigilancia excesiva sobre los ciudadanos.
Veamos un equivalente fuera de la red. Lo que quiere imponer el Gobierno danés es el equivalente en internet a obligar a los ciudadanos a vivir con el documento de identidad tatuado en la frente, de manera que en todo momento las autoridades puedan saber quiénes son, con independencia de que estén atracando a alguien, besando a su pareja o comprando un libro. Se trata de una medida de control más propia de un Estado policial que de una democracia asentada y respetuosa con la intimidad y la libertad de los ciudadanos.
Como dijera Hamlet en la obra de Shakespeare: "algo huele a podrido en Dinamarca". Y, lo que es peor, es el tipo de podredumbre que le gusta imitar a todos los gobiernos. Por nuestra seguridad, eso sí. O al menos eso dicen.