Ya de antiguo es sabido. Igual el cumplimiento de las leyes que el acatamiento a las sentencias, constituyen asunto facultativo en la ínsula Barataria de Artur Mas; una opción, como dicen los pijiprogres. Así, con cansina indiferencia se desechan los autos del Tribunal Supremo que ordenan el uso docente del español. Y con idéntico mohín de hastío son ignorados cuantos mandatos de las Cortes Generales no se avengan al capricho, por lo común gramático, del establishment local. ¿A qué extrañarse entonces ante el último alarde de deslealtad institucional con matasellos y remite de la Plaza de San Jaime?
Ocurre al respecto que la Generalidad entiende empeño ajeno el compromiso de contención presupuestaria del Reino de España frente a Bruselas y los mercados mundiales de deuda. La cosa –dicen– no va con ellos. Tampoco. En soberana consecuencia, el consejero Mas-Colell viene de anunciar que Cataluña incurrirá en el déficit que se le antoje. Por más señas, justo el doble de lo establecido para las demás comunidades autónomas. O sea, el 2,6% frente al 1,3% de las restantes dieciséis. Nada nuevo, por cierto. Al contrario, tanto la letra como la música del presupuesto-bomba que acaba de desvelar constituyen un homenaje a la más célebre máxima de Eugeni d´Ors: "Todo lo que no es tradición, es plagio".
Al cabo, CiU no ha hecho cosa distinta que emular los usos y costumbres asentados por el Tripartito en materia de cuentas y cuartos. Esto es, al modo de los virreyes de Indias, si bien corregido y aumentado, ni acatar ni cumplir lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una rutina, ésa de los catalanistas con mando en plaza y su devoción por las finanzas asilvestradas, frente a la que la Ley prevé un correctivo en verdad demoledor. Repárese, a ser posible conteniendo la respiración, en la sanción prevista para tales supuestos. "Se le formulará [a la Administración autonómica que rehúya lo establecido] una advertencia", reza con lacónica comicidad su artículo noveno. Que se vayan preparando, pues. ¡Se están arriesgando a que les riñan! "Una advertencia", ahí empieza y acaba la munición legal de que dispone el Estado español ahora mismo para hacer obedecer un mandato imperativo del Parlamento al ínclito Mas-Colell. Dura lex.