La quiebra del Estado de derecho

Cuando la quema de conventos, bibliotecas y centros de enseñanza por las izquierdas a poco de empezar la república, Azaña impidió que el Gobierno cumpliese e hiciese cumplir la ley. Y, orgulloso, a las cuatro de la noche, "Llevé a Maura al balcón, le mostré la Puerta del Sol, y le dije: ‘¿Ve usted? Nadie. ¿Cuál sería ahora nuestra situación y la de la República si hubiese ahí tendidos unos cuantos muertos?’".

La anécdota refleja muy bien la frivolidad y necedad del Azaña político: se había convertido en cómplice de una masiva vulneración de la ley en lugar de defenderla, so pretexto de que podría haber algún o algunos muertos. No tenía por qué haberlos, desde luego, pero ese es un riesgo que un gobernante debe asumir, por su propio compromiso, o dimitir. Otro problema era que toda la demagogia de los republicanos incitaba a tales cosas, de las que luego querían hacerse los desentendidos. Las consecuencias fueron que la república se inauguró con una grave quiebra del Estado de derecho, la cual dividió moral y políticamente al país; y que, establecido el precedente de la impunidad, la república ya solo subsistió a trancas y barrancas con leyes tan brutales como la de Defensa de la República, censura y estado de excepción casi permanentes. La guerra civil vino, en última instancia, porque la base de la paz cívica, que es el respeto a la ley, fue pisoteada desde el principio y con creciente gravedad por las izquierdas.  

El actual deterioro del Estado de derecho comenzó cuando Alfonso Guerra decretó el fin de la división de poderes y Felipe González intentó imponer una "ley anti difamación" para proteger la oleada de corrupción de su partido y utilizar el poder judicial a su favor. Un proceso de corrosión paralelo fue la "salida política" para los etarras –que convertía el asesinato en un modo premiable de hacer política–, combinada con el GAL. Aznar frenó, insuficientemente, el deterioro, pero con el funesto presidente actual ha llegado la quiebra: colaboración abierta con la ETA, corrupción de jueces y del Tribunal Constitucional, ley totalitaria de "memoria histórica", leyes perversas contra la familia y la vida humana, etc. Todo lo cual deriva lógicamente de las ideas de base de estos individuos que se consideran "rojos", de las viejas demagogias nunca del todo abandonadas, de su desprecio por España...

La situación puede resumirse en los últimos episodios: unos miles de descerebrados desafían la ley y el Gobierno se hace cómplice de ellos. ¿Y cómo podría ser de otro modo si el responsable del orden público es mucho más delincuente que los descerebrados, como colaborador y chivato de la ETA, portavoz del GAL y primer transgresor de la llamada jornada de reflexión? Repito lo de siempre: o la democracia acaba con estos delincuentes o estos delincuentes acaban con la democracia.