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Pablo Molina

En su línea habitual

Lo raro habría sido que el TC validara la sentencia del Supremo que prohíbe a los cómplices del terrorismo formar parte del Estado, porque en tal caso habría habido una ruptura en su trayectoria exquisitamente desleal con la nación.

Nada más acorde con la altura ética del Tribunal Constitucional español que su decisión de que los enemigos de la Constitución española, de cuyo cumplimiento es garante, pasen a dirigir o a formar parte de unos órganos también constitucionales como son los ayuntamientos del País Vasco. Lo raro habría sido que el TC validara la sentencia del Supremo que prohíbe a los cómplices del terrorismo formar parte del Estado, porque en tal caso habría habido una ruptura en la trayectoria exquisitamente desleal con la nación que nuestra más alta magistratura inició con Rumasa y perfeccionó de modo sublime con el más reciente Estatuto de Cataluña.

En todo caso acatamos la sentencia del Constitucional, faltaría más, y de paso felicitamos a la mayoría "progresista", que no ha tenido reparo en rebozar sus togas en el polvo del camino a la hora de adoptar una decisión que agravia a la memoria de las víctimas del terrorismo, escarnece a sus familiares y nos envilece a todos. A todos los que pensamos que el orden constitucional es incompatible con la presencia de un grupo terrorista en las instituciones democráticas, claro, que es lo que el Supremo, tribunal al menos tan respetable como el TC, dice que va a ocurrir con unas listas electorales que no son más que "un cauce simulado y fraudulento para soslayar la ilegalización judicial del brazo político de ETA y así permitir el acceso de Batasuna/ETA a las instituciones representativas".

Estamos en una bancarrota moral de tal magnitud que el Pascualsalazo de anoche ni siquiera obedece a la búsqueda de esa quimérica "paz" de la que tan partidaria es nuestra izquierda, seguramente algo ya más que pactado por el gran Eguiguren de cara a la campaña electoral de las próximas generales. Es sólo la contrapartida que exigen los seis diputados del PNV para validar los presupuestos generales del Estado y permitir que Zapatero aguante hasta el final de la legislatura.

Muy torpe ha estado ahí Urkullu, porque si hubiera aguantado el tipo podría haber utilizado el cartucho del chantaje presupuestario en una ocasión futura. Alguien debería haberle explicado que para vulnerar el estado de Derecho y quebrantar la constitución, Zapatero no necesita animadores.

En España

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