Cuando ETA estaba a punto de perecer por falta de agua, el PSOE ha optado por echarle una jarra en la pecera con la esperanza de que la piraña se convierta en sardina. En la historia de la lucha contra el terrorismo, nada había debilitado más a los terroristas que excluirlos de las instituciones democráticas. Sin el dinero, sin el control social, sin la proyección mediática, sin el poder político que les daba gobernar ayuntamientos y su presencia en las instituciones vascas y navarras, ETA era como un pez sin agua que daba sus últimas bocanadas. Ahora su presencia en las urnas les dará oxigeno. Creo que quizá todavía no seamos plenamente conscientes del alcance de este desastre, pero las victimas sí han sentido ya la presencia de los terroristas en las urnas como una dolorosa bofetada. Y las fuerzas de seguridad del Estado –que se han dejado la piel en demostrar la conexión de Bildu con ETA– han recibido los hechos como una humillación. ¿Cómo es posible que se crea más a los cómplices de los terroristas que a ellas?
La apuesta del PSOE por la rehabilitación política de Batasuna, sin que ETA haya anunciado siquiera su renuncia definitiva al terrorismo ni su brazo político haya condenado los cientos de asesinatos perpetrados por la banda, ha sido pública y notoria. Este apoyo manifiesto va desde el lehendakari Patxi López hasta el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, pasando por el PSC. Todos han clamado por que el Tribunal Constitucional revocara la sentencia del Supremo que certifica que Bildu no es más que un instrumento de ETA para colarse en las urnas.
El Gobierno ha hecho además un lamentable doble juego, pactando simultáneamente con el PNV que Batasuna podría concurrir a las elecciones y con el PP que no lo haría bajo ninguna fórmula. Después se han lavado públicamente las manos dejando "al libre arbitrio" de los tribunales la decisión; pero por debajo de la mesa se ha maniobrado cuanto ha estado en su mano para que la sentencia del Constitucional fuera la que ha sido. Habrá quién se admire por la habilidad de la jugada, a mi me provoca un profundo rechazo por sus métodos y por sus resultados.
La vuelta de ETA a las instituciones tiene por otra parte un principal responsable, Alfredo Pérez Rubalcaba. El presidente de facto del Gobierno es quien ha tendido puentes para la extensión política de ETA en las próximas elecciones. En una situación de naufragio electoral socialista, cada vez resulta más claro que Rubalcaba pretende utilizar el principio del fin de ETA como una plataforma de lanzamiento de su candidatura a la presidencia del Gobierno. El ministro del Interior parece dispuesto a pagar un precio a cambio de escenificar un final anticipado.
La presencia de ETA en las elecciones es un eslabón más de un proceso que pasa por un final en el que no haya vencedores ni vencidos. Pronto comenzaremos a ver los "ajustes políticos" que nos anunció Rubalcaba para lograr la "pacificación", la "normalización" y la "superación del conflicto político vasco" en el "nuevo tiempo" del que habla ya el PNV.
A pesar de lo que esto significa, no pensamos rendirnos. Seguiremos utilizando todos los instrumentos que el Estado de Derecho nos concede para evitar que los cómplices de los terroristas estén presentes en las instituciones, estas instituciones que ahora les han abierto las puertas. Volveremos unirnos en las calles, volveremos a reclamar junto a ellas la derrota del terrorismo. Los cantos de victoria no pueden corresponder a quienes apoyan una lucha que genera muerte, la victoria última corresponde a los que han dado tanto y a tantos en la búsqueda infatigable de la libertad.
El 22 de mayo confío que el conjunto de los españoles seamos capaces de lanzar un claro mensaje a los políticos socialistas: la inmensa mayoría queremos la derrota incondicional de ETA, queremos un final del terrorismo en el que las víctimas descansen y los terroristas paguen por sus crímenes y queremos a los representantes políticos de los terroristas fuera de las instituciones democráticas. Les quiero trasladar mi profunda confianza y firme convicción de que cualquier posible compromiso de este Gobierno con ETA tendrá en todo caso en las próximas elecciones generales su fecha de caducidad.