Los jueces españoles parecen empeñados en limitar el carácter participativo de internet en España. En poco más de dos meses se han dictado otras tantas sentencias que suponen un duro golpe para el normal funcionamiento de todos aquellos mecanismos que permiten a los lectores de un sitio convertirse a su vez en creadores de contenidos de los mismos. A finales de febrero ya comentamos en este espacio el fallo del Supremo confirmando la condena al sitio web anarquista Alasbarricadas.org por insultos a Ramoncín aparecidos en su foro. Ahora, es la Audiencia Provincial de Madrid quien dicta sentencia contra el bloguero Julio Alonso por los comentarios contra la SGAE que terceros publicaron en su bitácora.
En aquella ocasión los magistrados exprimieron al máximo, hasta un punto muy discutible, el articulado de la LSSI que exime al titular de un sitio web de los contenidos "subidos" por terceros si no tiene conocimiento efectivo de su ilicitud. En ésta, el argumento también resulta llamativo. Aunque esa misma norma exima al responsable del sitio web de los contenidos subidos por los lectores, se le puede aplicar otra distinta que permita condenarle. El mensaje es tremendo: "no se alegre usted si una ley concreta dice que usted es inocente, ya encontraremos otra que le convierta en culpable".
La sentencia convierte además al bloguero en "colaborador necesario" e incluso en una especie de instigador de los comentarios insultantes por los que se le multa (pero por los que no se condena a sus autores, a los que ni tan siquiera se ha tratado de identificar ni se les ha demandado). Aunque reconoce que el texto al que contestaron esos usuarios es "información", el fallo dice que con él se incitaba a opinar de forma insultante. Es como si se pretende que al informar del penúltimo caso de corrupción o de una nueva estupidez de nuestros gobernantes, se pudiera condenar a un periódico por entender que eso es incitar a los ciudadanos a acordarse de la familia de los políticos en general o de alguno en particular.
La Audiencia de Madrid, como ya hiciera el Supremo, ha puesto en peligro una de las principales características de internet en la actualidad: la participación de los usuarios en los sitios web que visitan mediante la inserción de comentarios. Es, en definitiva, un serio ataque a la libertad de expresión. De seguir así la Justicia, los responsables de los periódicos digitales, blogs y otras webs pueden optar por desactivar los comentarios de los lectores para evitar ser condenados por lo escrito por otros. Por el momento yo me limito a recuperar la petición que hice a mis lectores a finales de febrero:
Si tiene algo que decir, hágalo con suma educación y sin expresar nada que pueda parecer un insulto. Supongo que no quiere que este periódico y yo mismo nos veamos ante un tribunal por algo que usted ha escrito.