Cuanto prescriba el Partido Único Catalanista, es sabido, va a misa en Liliput. Así, por un Pérez, Lluis Miquel, portavoz ocasional el PSC en materia de compromisos vergonzantes, acuso recibo del hondo pesar que sufriría José Montilla en caso de que no se conceda a Eta parasitar administración pública alguna en el País Vasco. Pues ocurre que la decisión del Tribunal Supremo de impedir que los asesinos de Ernest Lluch custodien fondos públicos se le antoja "inadecuada" al portavoz Pérez. Es más, la recta aplicación del Derecho por nuestra máxima instancia judicial resulta "difícilmente asumible" a ojos del vocero de circunstancias. Una dificultad congénita, el no poder tolerar las consecuencias de la división de poderes dentro de un Estado de Derecho, que hermana al PSC con Batasuna y sus mil seudónimos.
Repárese al respecto en que el partido de Carme Chacón no niega la mayor. Que la banda ordene y mande en Bildu supone prosaica cuestión baladí para la mano que mece la cuna de Pérez. Peccata minuta. Lo que les turba, y mucho, es que la cuenta de resultados de la comunión nacionalista, bulímica legión siempre presta a recoger las nueces que van cayendo del árbol, se viese hipotecada por culpa un formalismo baladí, la Ley. Y como la esperanza es lo último que se pierde, el voceras interino ha hecho públicos votos a fin de que el Constitucional "arregle" el asunto. Merced a algún empaste político fruto de una alegre conjura del grueso de los magistrados, huelga decir.
Y sin complejos. Con luz y taquígrafos. He ahí el corolario del devenir extramuros de la gramática constitucional del socialismo catalán: cualquier Pérez del tres al cuatro instando con estupefaciente naturalidad a incurrir en prevaricación a los más altos órganos jurisdiccionales de la Nación. Igual que cuando el Estatut. Con el mismo cinismo con que entonces presumieron el carácter indigno, el espíritu lacayo y el proceder delictivo del supremo tribunal del país. Exactamente igual. Olímpico desprecio que, también como entonces, se hace extensivo a la capacidad intelectiva de sus propios votantes. Por algo ese etiquetaje tan recurrentemente suyo, el que presume "progresistas" a los togados que intuyen proclives a los intereses de un clan criminal, y "conservadores" a los que demás. Inconsolable, el gudari Montilla.