¿Todavía hay tribunales en España?

Todavía es popular en Alemania una antiquísima anécdota que refuerza la tesis hayekiana de que en Prusia, a pesar de la mala reputación que luego adquirió dicho reino en el siglo XIX, deben situarse los orígenes del movimiento germánico en favor del Estado de Derecho. Se dice que Federico II estaba molesto a consecuencia de un viejo molino que se alzaba cerca de su palacio de Sans Souci, desluciendo el paisaje. Después de varios intentos infructuosos de compra, Federico II amenazó al propietario con la expulsión. Ante tal amenaza se dice que el molinero respondió tranquilo: "Todavía hay tribunales en Prusia".

Volviendo a la España de nuestros días, no voy a negar que mi confianza en nuestro Estado de Derecho se haya recuperado algo al enterarme de que el juez Ruz se ha atrevido, finalmente, a citar y tomar declaración a Gómez Benítez, junto a otros dos emisarios del Gobierno ante ETA como son Moscoso y Eguiguren. Sin embargo y por grande que sea el coraje de este juez, ¿qué quieren que les diga? . La ignominia y la cantidad y gravedad de delitos que entraña la "paz sucia" de este Gobierno, que las actas interceptadas a ETA sólo vienen a confirmar, van mucho más allá que la que radica el capítulo del bar Faisán. El "proceso de paz" de Zapatero es todo él un inmenso y prolongado proceso de colaboración con banda armada y de omisión del deber de perseguir delitos y delincuentes, del que tampoco son ajenos el encubrimiento, la prevaricación o, en cierto sentido, incluso, la financiación ilegal. Y llevar ante los tribunales todos y cada uno de los capítulos de esta –me temo no concluida– historia de infamia podría salpicar, ya sea en el ámbito moral o en el ámbito penal, a quienes, sin llegar a ser reyes como Federico II, son altísimas autoridades del Estado.

A diferencia de los GAL, que fue una cadena vertical de pocos eslabones, la paz sucia de ZP es una red de ignominia que ensucia también algunas togas de jueces y fiscales. No se trata tan "sólo" de lo que pueda haber hecho u ordenado, ya sea ilegal, ya sea inmoralmente, un presidente de gobierno, un ministro del interior o un presidente del PSE en el País Vasco. Se trata del grado de implicación penal o moral que pudiera tener quien actualmente es Fiscal General del Estado (Conde Pumpido), quien lo ha sido, como Javir Moscoso, o quien actualmente es vocal del Consejo General del Poder Judicial, como Manuel Gómez Benítez.

Por otra parte, y para colmo de mi pesimismo, no dejo de tener presente el poco nivel de denuncia que cabe esperar del principal partido de la oposición: Al arriolano empeño de hacer una oposición de perfil bajo y centrada en la crisis económica, están los errores de pasados procesos de paz, de los que Arriola, por cierto, tampoco es ajeno. Naturalmente esos errores de pasados gobiernos no deben servir de excusa de la infamia perpetrada por el actual. Más aun cuando Aznar fue inducido al error y al autoengaño por la presión de los propios socialistas y de los nacionalistas que presentaban la tregua que estos últimos habían cocinado con ETA en Lizarra como "una oportunidad de paz que no debía frustrar el inmovilismo del Gobierno".

Se dirá, pues, que hay que tener desfachatez para equiparar los errores de Aznar y sus antecesores con la infamia que Zapatero ha protagonizado. Pero a los socialistas la desfachatez les sobra tanto como a la derecha los complejos. El miope de Rajoy no va a querer que el pasado le complique sus expectativas de futuro. Si a eso sumamos nuestras mediocres e insensibles élites periodísticas o la politización de la justicia, comprenderán mi pesimismo.

Ojalá me equivoque, pero no creo que en relación a este terrible asunto llegue el día en que pueda decir, parafraseando al molinero de la anécdota prusiana, que "todavía hay tribunales en España".