En los últimos días España está viviendo dos episodios esperpénticos relacionados con el respeto a las prácticas religiosas. El más comentado es el del asalto por parte de grupos radicales de izquierda a la capilla que la Universidad Complutense de Madrid tiene en el campus de Somosaguas. En una clara muestra de autoritarismo, los extremistas se desnudaron ante el altar mofándose de las creencias religiosas de muchos españoles.
Sin embargo, el más grave podría llegar a ser el otro suceso. Se trata del juicio que se celebró la semana pasada en la Audiencia Provincial de Alicante contra diversos miembros de una congregación religiosa, a los que se les pide penas de prisión que oscilan entre 16 y 20 años, además de cuantiosas indemnizaciones económicas. Este grupo de personas, formadas en el catolicismo, evolucionó en sus convicciones religiosas a través de la lectura de la Toráh y toda la Biblia hasta que decidieron constituir una iglesia evangélica. Más adelante, buena parte de los integrantes continuó este proceso evolutivo hasta que decidieron renunciar a toda forma de cristianismo y optar por el judaísmo. Algunos de los feligreses abandonaron el grupo mientras que la mayoría decidió dar el paso que suponía vivir de acuerdo con la comprensión y prácticas judías en lugar de las cristianas.
La mañana del sábado 6 de noviembre de 2004, doce miembros de la Kehilá del Olivo, que es como se llama esta congregación desde su cambio religioso, fueron detenidos en la vía pública por numerosos efectivos antiterroristas de la Guardia Civil armados hasta los dientes cuando se dirigían al servicio del Shabat. El desencadenante de esta operación de película, conocida como Operación Diáspora por las fuerzas del orden, fue la denuncia de algunos ex miembros. En contra de la libertad de conciencia y de los sentimientos religiosos, en contra de los derechos fundamentales y de libertades públicas garantizados por la Constitución, se acusa a estas personas de asociación ilícita, estafa, apropiación indebida, lesiones, abandono de menores. Para quienes no estén viviendo en primera persona esta persecución, los cargos de los que se le acusan tienen su gracia porque lo que parece es más bien que todo el proceso atenta contra la libertad religiosa de unas personas que decidieron cambiar voluntariamente de religión.
En esencia, lo que se enjuicia es si este grupo constituye una secta destructiva, si provocó daños personales (psicológicos) y si se apropiaron del dinero aportado por algunos miembros. El argumento principal del fiscal y de la acusación consistía en afirmar que quien lideraba la congregación se enriquecía a costa de los diezmos aportados, y ejercía, con la ayuda de un grupo privilegiado, técnicas de control mental sobre algunos miembros.
Sin embargo, sus miembros entraron voluntariamente y, como han reconocido varios testigos, quienes quisieron salir antes y después de convertirse al judaísmo lo pudieron hacer sin mayores problemas. Durante el primer día de juicio, que comenzó el 8 de marzo, el fiscal y la acusación particular mostraron a las claras cómo se (mal)trata la libertad religiosa en nuestro país cuando preguntaron a los acusados si era cierto que habían cambiado sus hábitos gastronómicos... como si atender a las normas alimenticias del judaísmo fuera un delito o una prueba de ser una secta destructiva.
En cuanto a la supuesta apropiación de fondos, resulta que se trata de unos 200.000 euros que fueron donados por sus integrantes a lo largo de tres años para el mantenimiento de la Congregación. Desde luego, con esa cantidad no creo que les diera para muchos lujos, aparte de que, según la auditoría económica, más de la mitad del dinero fue aportado por los doce imputados, que serían por tanto estafadores de sí mismos. En las conclusiones finales de la vista oral del juicio, el fiscal ha dado un giro a esta acusación al afirmar que poco importa que las donaciones u ofrendas fueran voluntarias (sic), porque había engaño y manipulación psicológica (la creencia en una fe monoteísta, se entiende). Para rematar el despropósito, el fiscal ha señalado que los miembros actuales de la Congregación están siendo engañados. Claro que lo curioso es que ellos mismos no lo ven así. Menos mal que está Papá Estado para hacerles comprender que están equivocados y se les está engañando.
El caso ha traspasado nuestras fronteras. Robert Higgs, el prestigioso economista norteamericano que ha destacado en las últimas décadas por su defensa de las libertades individuales (aparte de por sus magníficos estudios sobre el crecimiento del tamaño del Estado), publicó en las páginas del Independent Institute un artículo denunciando lo que aparenta ser una dura persecución de un pequeño y pacífico grupo religioso por parte de las autoridades españolas.
Casos como este ponen en tela de juicio la libertad religiosa en nuestro país. Más aún cuando el responsable de la Congregación, que continúa sus actividades religiosas con normalidad, afirma algo que ya querríamos escuchar a otros muchos líderes religiosos: "la libertad individual para nosotros es lo primero". Por el bien de las libertades individuales en nuestro país, esperemos que este caso acabe garantizando el derecho de toda persona a profesar libremente el credo religioso que considere oportuno y a constituir cualquier asociación para su práctica, siempre que, como parece ocurrir en este caso, no medie la violencia.