¿Se imaginan el revuelo político, mediático y judicial que se produciría en cualquier país civilizado del mundo si un parlamento regional osara respaldar la comisión de un delito, encaminado además a la declaración de independencia de una parte del territorio nacional? Pues eso es exactamente lo que acaba de perpetrar el parlamento catalán, con la oposición de PSC, PP y Ciutadans, al sacar adelante una moción de apoyo a las consultas secesionistas como la que se produjo el pasado mes de abril en Barcelona.
Aquí, sin embargo, la noticia pasará tan desapercibida como pasó con respecto al acuerdo por el que el PSC favoreció con su abstención la investidura de Mas; esto es, el compromiso de CiU de seguir perpetrando un delito de desobediencia como es el de hacer caso omiso a las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional que defendían el derecho de los catalanes a una educación en castellano.
De nuestra meliflua clase política y mediática no cabe esperar una reacción proporcional a la gravísima naturaleza de estos hechos, que no son ciertamente nuevos. Como mucho, y en el mejor de los casos, se limitarán a un pequeño comentario sobre el "contrasentido" que constituye el hecho de que una institución democrática se dedique a fomentar iniciativas ilegales. Y ahí se quedarán.
Tampoco nos podemos consolar con la oposición a esta resolución del PSC y del PPC: la negativa de los socialistas catalanes no nos debe hacer olvidar su respaldo, antes mencionado, a que las sentencias del Supremo y del Constitucional no se cumplan en Cataluña. Hay que recordar, además, que fueron los socialistas, encabezados por Zapatero los que, por contentar a sus aliados secesionistas y favorecer la tregua de ETA, derogaron el artículo 506 bis del Código penal, que elevaba las penas a las autoridades que, sin competencias para ello, convocasen refrendos como el que quería celebrar Ibarretxe y como los que ahora se celebran impunemente en Cataluña.
Tampoco es mucho más edificante o esperanzadora la oposición del PP. Su representante no sólo no ha hecho la menor critica intelectual, como la que, desde el punto de vista democrático, merece un falso y contradictorio derecho como es el de la autodeterminación, sino que se ha limitado a quitar importancia a la ilegal resolución aprobada sobre la base de que "carece de efectos jurídicos". Menuda memez. Eso faltaba, que la vulneración de la ley tuviera capacidad para modificarla.
El hecho, sin embargo, es que lo que está quedando sin efecto práctico alguno es el artículo 149.1.32 de nuestra Constitución que señala claramente que "el Estado tiene competencia exclusiva de la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum". Su efecto está resultando tan nulo como el del vigente articulo 506 de nuestro código penal, relativo a la "usurpación de atribuciones", que textualmente dice que "la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años".
Y es que lo que está resultando ser papel mojado no es la ilegal resolución parlamentaria a favor de consultas secesionistas que prohíbe la ley; tampoco lo es la no menos ilegal inmersión lingüística que cercena el derecho de los catalanes a educarse en castellano. Lo que queda sin efecto alguno es la propia ley, nuestro propio ordenamiento jurídico. Y prueba de ello es que las ilegales consultas secesionistas se producen y seguirán produciendo de la misma forma que el español, lengua materna de la mayoría de los catalanes, es y seguirá siendo ilegalmente apartado de las escuelas catalanas.
En definitiva, que es la propia configuración nacional de España como Estado de Derecho lo que está quedando sin efecto alguno. Y de esa quiebra, no sólo son responsables los nacionalistas.