¿Participa el Gobierno en el pacto Batasuna/EA?

Que ETA ha diseñado la alianza estratégica entre Batasuna y Eusko Alkartasuna para tratar de sortear la previsible ilegalización de Sortu es algo que ha venido a confirmar la documentación incautada a los seis miembros de Ekin detenidos hace escasas semanas y que ha sido revelada en el auto de encarcelamiento dictado por el juez Fernando Grande Marlaska.

En cualquier caso, el interés de los proetarras por servirse de las siglas de Eusko Alkartasuna era ya algo público y notorio, por lo menos desde junio de 2010, momento en que los proetarras y el partido fundado por Carlos Garaicoetxea firmaron un pacto de bases.

La cuestión que, desgraciadamente, tenemos el derecho y el deber de plantearnos es si ese plan B de los proetarras cuenta con la aprobación del Gobierno de Zapatero, tal y como así ocurrió en el pasado con los planes B que supusieron tanto el PCTV y ANV.

Cuando hablo de "visto bueno" del Gobierno a que ETA burlara, mediante planes B, la Ley de Partidos, no lo digo únicamente como deducción de su bochornosa negativa a instar, en tiempo y forma, la ilegalización de ambas formaciones proetarras ante el Tribunal Supremo. Me refiero a que el Ejecutivo de Zapatero así lo consensuó y acordó con la propia dirección de ETA: me refiero a que "Gómez Benítez negoció con ETA la impunidad de Jarrai y PCTV", tal y como decía un olvidado titular del diario El Mundo del 3 de marzo del pasado año. Me refiero también –y ojo a la fecha– al aun más olvidado titular de portada del 24 de mayo de 2007 de ABC que decía que "el Gobierno trató con ETA en abril las candidaturas de ANV para las elecciones de mayo".

Los proetarras se colaron en las instituciones pero fue el Gobierno de Zapatero el que le entregó la llave. Y es que, de la misma forma que la ilegalización de los burdos señuelos de Aukera Guztiak y de Abertzale Sozialisten Batasuna facilitó que el Gobierno acordara la entrada de PCTV y ANV, la previsible ilegalización de Sortu no nos debe hacer ignorar el bochornoso silencio del Gobierno y de la Fiscalía ante los acuerdos de los proetarras y Eusko Alkartasuna.