Rubalcaba y las responsabilidades políticas

Asegura este lunes Casimiro García Abadillo en el diario El Mundo que algún ministro de este Gobierno ha oído decir a Rubalcaba que el caso Faisán "es el único asunto que me preocupa de verdad, mi talón de Aquiles". La razón de que el caso Faisán, todavía a estas alturas, sea un mero "talón de Aquiles" para Rubalcaba, y no la razón por la que tenía que haber presentado hace años su dimisión como responsable político de ese incuestionable delito de colaboración con banda armada, se debe en no poca medida a una estúpida, cuando no interesada, confusión entre responsabilidades políticas y responsabilidades penales que evidencian la mayoría de los políticos y medios de comunicación.

El más elemental sentido del decoro político y de la distinción entre responsabilidades políticas y penales debía haber llevado a Rubalcaba a seguir el ejemplo del ex ministro socialista Antonio Asunción y presentar su dimisión nada más conocerse el chivatazo policial, tal y como hizo el ex ministro socialista de Interior nada más conocerse la fuga de Roldán. Más aun cuando Rubalcaba no solo demostró ser incapaz de evitar el soplo sino también de lograr que los autores pagaran por su delito.

Paradójicamente, sin embargo, el hecho de que la lógica más elemental y un cada vez mayor número de indicios apunten a que Rubalcaba sea, no el máximo responsable de que cosas como el chivatazo policial a una banda terrorista no ocurran, sino el que dio la orden de perpetrar ese delito, está librando al vicepresidente de su cese político mientras no se demuestre en sede judicial su responsabilidad penal.

Se confunde así la conexión política del chivatazo con la responsabilidad política del mismo. Me parece un error por varios motivos: en primer lugar, porque, no siendo incompatibles una y otra, es absurdo demorar la petición de cese de Rubalcaba a que la justicia demuestre que hay razones, no ya para la dimisión que ese no es cometido del ámbito judicial, sino para su ingreso en prisión. En segundo lugar, está por ver que el juez Ruz se atreva a llevar sus imputaciones penales tan alto como apuntan la lógica y unos indicios, que no sólo señalan a un miembro del Consejo de Ministros sino tambien a uno del Consejo General del Poder Judicial.

Hace ya un año que se sabe que entre la documentación incautada a ETA y en posesión de la juez Levert, hay un acta en el que se asegura que el actual vocal del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez, cuando era interlocutor del Gobierno ante la banda terrorista, puso en valor el chivatazo del bar Faisan como muestra de la voluntad de diálogo del Ejecutivo de Zapatero. A esta hora Gómez Benítez todavía no ha pedido comparecer ante la Justicia para negar rotundamente ese presunto delito de encubrimiento... y tampoco nadie ha pedido su cese por no hacerlo. Tampoco el juez Ruz le ha solicitado que declare, tal y como sí ha hecho, aun en secreto, con otro interlocutor del Gobierno ante ETA, el ex ministro y ex fiscal general del Estado, Javier Moscoso o con el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y altos miembros de la cúpula de Interior en el momento de perpetrarse el chivatazo.

Total que, no siendo las responsabilidades políticas un obstáculo para que se diriman las responsabilidades penales, esperar a que se esclarezcan éstas para reclamar aquéllas, implica jugar a un todo o nada tan innecesario como arriesgado.