La decisión del juez Ruz de incoar sumario por presuntos delitos de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos por parte de autoridad o funcionarios públicos en el llamado "caso Faisán" supone un triunfo del Estado de Derecho frente a las turbias maniobras de Rubalcaba. El vicepresidente primero y ministro del Interior ha tratado de conseguir por todos los medios que quedara oculta la verdad de lo que sucedió aquel 4 de mayo de 2006 cuando la operación prevista para ejecutar ese día contra la red de extorsión etarra se vio frustrada como consecuencia de un chivatazo dado al recaudador de los terroristas.
Un vil chivatazo por el cual están judicialmente imputados el entonces director general de la Policía, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector. No obstante, es lógico deducir que estas tres personas no pudieron meterse en ese berenjenal sin recibir órdenes superiores. Corrían los tiempos de la negociación del Gobierno con ETA en el marco de aquel entuerto detestable que dieron tramposamente en denominar "proceso de paz". Un engendro vergonzoso que supuso una gravísima marcha atrás en la lucha democrática contra los asesinos, una ofensa sangrante a la memoria de las víctimas y un insulto a la dignidad colectiva de la sociedad española.
Así las cosas, la apertura del sumario coloca a Rubalcaba en una posición muy difícil porque ya no puede controlar los acontecimientos procesales subsiguientes ni tiene margen tampoco para seguir diciendo en sede parlamentaria que el chivatazo nunca existió y que hacer referencia a él constituye un insulto a la Policía. Por el contrario, la instrucción sumarial ha de permitir averiguar quién decidió en última instancia que se ejecutara la acción, por qué y hasta si –más allá de los actuales imputados– hubo o no otros funcionarios policiales que jugaron en todo esto un doble papel para servir espurios intereses políticos. Basta pensar en el heroico esfuerzo permanente de miles de hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el terrorismo etarra para entender que es preciso que penal y políticamente se sustancien todas las responsabilidades de este escándalo.
La apertura de sumario refuerza esa exigencia y esa esperanza. Por ello todos los sindicatos del CNP han respaldado unánimemente la decisión del juez. Que la Fiscalía modifique su criterio y apoye la práctica de nuevas diligencias orientadas a averiguar quiénes eran los usuarios de tres teléfonos adscritos a la Subsecretaría del Ministerio del Interior pone en entredicho a quienes protagonizaron la investigación inicial, dado que ni siquiera mencionaron la existencia de los mismos en su informe. Un extraño olvido que requiere su esclarecimiento absoluto en tanto en cuanto resulta tan inexplicable como inaudito.
En definitiva la mentira tiene siempre un recorrido muy corto y termina por actuarse contra aquél que la promueve. Desde el 14 de octubre de 2009 –casi semana tras semana– Rubalcaba ha intentado desvirtuar los hechos para engañar al Congreso de los Diputados y a la opinión pública. Hasta el momento no ha querido dar explicaciones haciendo gala de una desfachatez sin límite. Sin embargo finalmente el Diario de Sesiones le delata.
España no se merece un vicepresidente primero y ministro del Interior –supuesto aspirante a más dentro del escalafón socialista– cercado por la sospecha. El caso Faisán pende sobre su cabeza porque un juez marca ya el camino a recorrer. En estos momentos el Gobierno no puede dar carpetazo al chivatazo tal y como ha intentado hacer durante los últimos cuatro años. Hoy cabe recordar de qué forma el juez Garzón entretuvo dormido el asunto durante un trienio o cómo el Ministerio Público demostró muy poco celo inquisitivo en ese periodo de tiempo en el que algunos pensaron que todo quedaría sepultado en el olvido. El castillo de naipes se viene abajo. Quizá muy pronto determinados "olvidadizos" comiencen a recuperar la memoria de todo lo que ocurrió. Los imputados en la causa es lo mejor que podrían hacer en su propio beneficio y ante su posible procesamiento. Sería también una manera de saldar la deuda que tienen pendiente con sus compañeros y con España. Ese es el escenario que cada vez más inquieta a Rubalcaba.