La discriminación según el Gobierno del sectarismo

La ofensiva radical de Zapatero para llevar a cabo su soñada revolución social se intensifica a medida que se acerca el más que probable fin de su penoso mandato, tal vez espoleado por la necesidad acuciante de tener alguna iniciativa que presentar sus hooligans de cara a las próximas citas electorales.

Es en esta clave de urgencia preelectoral en la que hay que situar la elaboración del anteproyecto de ley para la igualdad y no discriminación, cuyo objetivo indisimulado es aherrojar aún más a la sociedad civil para obligarla a homogeneizar su funcionamiento de acuerdo con el paradigma socialista. Ni siquiera la apelación a la existencia de unas directivas europeas que el Gobierno español debe trasponer sirve como atenuante para un texto que consagra, de forma tal vez definitiva, la facultad del Estado para sancionar aquellas conductas que considere contrarias a la agenda social de la izquierda más radical, que de aprobarse esta ley pasará de ser una opción política como cualquier otra a convertirse en un mandato transversal en contra de la libertad individual utilizando la amenaza de las más duras sanciones.

El texto del anteproyecto, además, es un despropósito jurídico, acorde por otra parte con el fondo de la materia que pretende regular. Baste para percibir la magnitud del desaguisado la somera lectura de su exposición de motivos, en que el redactor sugiere, por ejemplo, que los esfuerzos en materia de igualdad son tan importantes para España como "la lucha contra las enfermedades o el aumento de la esperanza de vida" (sic). Nos abstendremos piadosamente de comentar lo farragoso de su redacción y lo inconexo de los preceptos incluidos en su articulado, por respeto a nuestros lectores y porque, además, la incuria jurídica es la divisa administrativa de los equipos formados por Zapatero desde que llegó al poder.

Salvo que su procelosa tramitación parlamentaria consiga mutilarlo severamente o un cambio de gobierno decrete su total eliminación, nos encontramos ante el borrador de una ley que permitirá al Gobierno cerrar empresas y pequeños negocios, convertirá en inviables económicamente a los centros de enseñanza que no transijan con las exigencias ministeriales y, como colofón, dejará sin efecto una de las salvaguardas más importantes del Estado de Derecho, al obligar al acusado a demostrar que no cometió el delito del que le acuse la "Autoridad para la Igualdad de Trato y no Discriminación" o el lobby socialista de turno.

Mientras tanto, la desvergüenza del Gobierno alcanza cotas impensables al garantizar expresamente en este anteproyecto de ley, supuestamente contra la discriminación, su inacción ante la discriminación que los castellanohablantes padecen en gran parte de España, ésta sí muy real, como pueden acreditar los padres que en vano pretenden ejercer en nombre de sus hijos el derecho universal a educarse en su lengua materna.

Sólo un Gobierno sin escrúpulos puede atreverse a imponer una autoridad central para vigilar a la sociedad en su comportamiento privado –la abracadabrante "Autoridad para la Igualdad de Trato y no Discriminación" (sic)–, sólo una mente abducida por el sectarismo ideológico más irredento puede pretender que los individuos modifiquen su curso de acción a su capricho, sólo un gobernante desleal con el mandato que juró hacer cumplir puede perpetuar la discriminación lingüística en una norma que supuestamente pretende erradicar cualquier segregación de la sociedad, sólo un totalitario vocacional puede concebir un brutal régimen de multas y sanciones para aquellos que no acepten de buen grado sus dictados ideológicos y, finalmente, sólo un presidente desnortado, en plena huida hacia el abismo de la catástrofe económica más absoluta, puede elaborar una norma para castigar a las empresas que vacilen a la hora de llevar a cabo en sus plantillas las medidas de ingeniería social diseñadas por personajes como Leire Pajín. En otras palabras, estamos ante un anteproyecto de ley sólo al alcance de José Luis Rodríguez Zapatero.