No le falta razón a Mariano Rajoy cuando considera que espectáculos tan bochornosos como el del uso de traductores en el Senado "en un país normal no se producen". Sin embargo, ¿tenemos, por ello, la seguridad de que si el PP gana las elecciones con la mayoría suficiente va a derogar tan ofensivo esperpento? Lo digo porque, al día de hoy, desde el PP no se he hecho un compromiso explícito en ese sentido.
Algunos podrán objetarme, con toda la lógica del mundo, que el compromiso de acabar con semejante disparate ya va implícito en la propia critica del PP y de su líder. Tal vez, sea así. Pero tratándose de Rajoy, las deducciones lógicas no dan siempre la suficiente garantía o seguridad. Prueba de ello es que un diario nacional como La Gaceta vio hace escasos días oportuno llevar como principal titular de portada que El PP cambiará la ley del aborto. Y es que, puestos a inferir modificaciones o derogaciones legislativas partiendo de la oposición del PP a las leyes que el Gobierno de Zapatero ha aprobado, semejante titular de La Gaceta no supondría noticia alguna o lo sería con muchísimos meses de retraso.
Otro tanto se puede decir del llamado "matrimonio homosexual". Es pública y notoria la oposición que el PP hizo a esa ley que desnaturaliza jurídica, histórica y lingüísticamente la institución del matrimonio, y que el principal partido de la oposición recurrió, incluso, ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, esa oposición en modo alguno garantiza que el PP vaya a modificar esa ley si llega al Gobierno. Y es que cuando al líder del PP se le pregunta si hay o no ese compromiso activo por parte del PP, Rajoy se limita a decir que "esperaré a lo que diga el Tribunal Constitucional y escucharé a la gente".
Que quede claro que, en este último caso, la no sustitución de esta ley por una que equiparase en derechos a los matrimonios y a las uniones civiles del mismo sexo es algo que a mí, personalmente, no me quita el sueño. Pero de lo que se trata aquí es del derecho que deberíamos tener los ciudadanos a saber qué podemos esperar de quienes aspiran a ser nuestros gobernantes.
Otro ejemplo, en este sentido, lo constituiría la ley antifumadores aprobada recientemente. No se puede negar –sobre todo en los últimos tiempos– que desde el PP no se hayan hecho duras críticas a esta empobrecedora y liberticida normativa de ingeniería social. Sin embargo, ¿tenemos, por ello garantía, de que si el PP gana con mayoría suficiente la modificara para que pueda haber oferta hostelera dirigida a los fumadores? En absoluto. A la falta de compromiso activo en ese sentido, se une el hecho de que el PP –a pesar de su reciente oposición y crítica a la ley– la admitio favorablemente a trámite cuando, se diga ahora lo que se diga, ya tenia sus rasgos más radicales y liberticidas claramente perfilados.
¿Y que me dicen de la critica del PP –sobre todo desde que empezó a hacerla Felipe González– a la oposición de Zapatero a la energía nuclear? ¿Debemos deducir por ella que hay un claro compromiso por parte del PP de crear nuevas centrales nucleares o siquiera de prolongar la vida útil de las poquísimas que hay en España? Si lo hay, que me digan dónde. Y, desde luego, no me explico por qué no la publicitan ni la llevan a gala haciendo pedagogía de ella.
Tampoco se puede negar que el PP no se opusiera al estatuto soberanista catalán o su respaldo a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que, en línea con el Tribunal Constitucional, ha ordenado a la Generalitat que garantice que el castellano sea también "lengua vehicular" en la enseñanza. Sin embargo, ¿tenemos alguna garantía de que un Gobierno presidido por Rajoy obligará a la Generalitat a hacer efectiva esa sentencia, tal y como, al margen de inexistentes compromisos, es su obligación legal? Eso, por no hablar de otros puntos de ese estatuto que el Constitucional ha exigido su modificación.
Aunque podríamos poner muchísimos ejemplos más, déjenme que acabe, en este caso, con un compromiso que Rajoy sí ha hecho, pero como modo de no entrar en profundidad en el debate abierto por Aznar sobre la inviabilidad del actual modelo autonómico. Me refiero a su vaga propuesta de fijar un tope de gasto y endeudamiento a todas las administraciones sean ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado central. Al margen de la falta de concreción a la hora de fijar esos topes, ¿qué garantía podemos tener de que Rajoy lo establezca, no ya a administraciones gobernadas por nacionalistas o socialistas, sino a las de su propio partido cuando dos de las tres comunidades autónomas más endeudadas están gobernadas por el PP, tal y como ocurre con dos de los tres ayuntamientos más endeudados de nuestro país?
Total que "sí pero no, no pero sí, tal vez, aunque todo lo contrario, tal y como siempre he defendido". ¿Cosas de ser gallego? ¡Qué va! Ni siquiera cosas de Arriola. Simplemente, exceso de complejos y falta de liderazgo.