¿Las armas matan o disuaden?

Cada vez que hay un tiroteo en Estados Unidos los medios y comentaristas españoles aluden escandalizados a la permisividad que impera en aquel país respecto a la posesión y comercio de armas de fuego. Si a Jared Loughner no le hubiera sido tan fácil comprar un arma, arguyen, probablemente la tragedia de Tucson no hubiera ocurrido. Al fin y al cabo la tasa de homicidios en Estados Unidos es casi siete veces más alta que en otros 22 países desarrollados y populosos, y desde 1968 han muerto más de un millón de personas por armas de fuego.

El razonamiento prohibicionista, deliberada o inocentemente, se detiene aquí. Pero hay otros argumentos y una vasta colección de datos empíricos que cuestionan su solidez y que deberían ser considerados, aunque resulten "molestos".

En primer lugar, es tramposo referirse a la correlación entre libertad de armas y tasas de homicidio como prueba de que la segunda es causa de la primera. Estados Unidos puede ser una sociedad más violenta por otros motivos, históricos o culturales. También se consumen más drogas, y no están allí menos prohibidas que en Europa, antes al contrario.

Hay que hacer balance de costes y beneficios, no limitarse a resaltar los costes. Y el balance no es precisamente favorable a la causa prohibicionista. Hasta 15 estudios desde 1976 contabilizan entre 760.000 y 3,6 millones de usos defensivos de armas de fuego al año (una media de 1,8 millones). Uno de los estudios más rigurosos sitúa en 400.000 los usos defensivos anuales que con "total o casi total certeza" salvan una vida, excluyendo los usos policiales y militares. Aún suponiendo que un porcentaje de la gente encuestada haya exagerado la descripción del suceso, se trata de un número extraordinariamente más alto que la cifra anual de muertos y heridos por arma de fuego (30.000 y 70.000 respectivamente).

Otro enfoque es el que ha utilizado John Lott en el estudio más exhaustivo que existe hasta la fecha sobre tasas de violencia y libertad de armas. Lott ha analizado la relación estadística entre la criminalidad y las restricciones a la tenencia de armas en todos los condados de Estados Unidos, de 1977 a 1994. Los estados con más libertad de armas registran la mitad de violencia. Esta correlación por sí sola tampoco demuestra nada, pues la causalidad podría darse en sentido inverso: los estados que cuentan con más criminalidad son los que aprueban leyes más restrictivas.

Pero esta última hipótesis no encaja con los resultados de las series temporales: los crímenes violentos descienden con el tiempo en los estados que liberalizan la tenencia de armas, controlando por diversas variables. En otros países (Reino Unido, Irlanda, Jamaica) se han observado las mismas tendencias.

Estos datos pueden sorprender a los prohibicionistas que se acogen intuitivamente a esta hipótesis: el aumento de la disponibilidad de los medios para cometer crímenes conlleva un aumento de la comisión de crímenes. Pero hay una hipótesis alternativa que encaja con los datos: un mayor acceso de los ciudadanos a las armas de fuego aumenta el riesgo de los potenciales criminales a experimentar consecuencias no deseadas (que incluyen recibir un disparo, ser reducido con amenaza de disparo, o simplemente ser incapaz de consumar el crimen). En otras palabras, más armas implican más disuasión.

En Estados Unidos, donde a diferencia de España hay una arraigada cultura de la autodefensa, el apoyo a la prohibición de las armas ha descendido del 60% en 1959 al 29% en la actualidad. En 1990 un 78% de los estadounidenses era partidario de endurecer las restricciones. Hoy sólo lo es el 44%. En los últimos años se han aprobado reformas liberalizadoras en más de 20 estados.

No son buenas noticias para los prohibicionistas, que confunden el propósito de una ley con su resultado. La disyuntiva no es entre una sociedad en la que todos, criminales y gente de bien, están armados, y una sociedad en la que todos están desarmados. Cuando es ilícito portar armas sólo los criminales las llevan, pues el delincuente que en general no acata la ley no va ahora a acatar específicamente esta ley, mientras que el ciudadano común que sí la respeta va a permanecer desarmado. De modo que la verdadera disyuntiva es entre una sociedad donde criminales y ciudadanos de bien van armados, y una sociedad donde solo van armados los criminales.