Nos acercamos al séptimo aniversario del mayor atentado criminal de nuestra historia. La motivación, utilización y aprovechamiento político del mismo siguen sin investigarse y, por lo tanto, lejos de esclarecerse. Seguramente se podrían hacer varias tesis doctorales sobre este hecho capital, pero ya no hay ningún interés político, ni siquiera intelectual, por investigar las causas y las consecuencias de la masacre que ha cambiado nuestro rumbo como país.
Resulta incomprensible que el partido político que movilizó a las masas exigiendo la verdad del atentado, ostentando el poder desde el 14-M, haya caído en un mutismo enfermizo o sospechoso. Tampoco es fácil de entender que el perdedor político y moral del 11-M, el partido del "cordón sanitario" y de la "oposición política" –al menos en teoría– mantenga la misma actitud de silencio y olvido.
Como víctima del atentado, y sin deseo de practicar el victimismo, me erijo desde ahora como parte querellante de la injusticia política y moral que sufrimos a diario las víctimas. A fuer de poder parecer reiterativo, resulta inexplicable que en la era de la memoria histórica, el crimen más brutal y reciente se quiera olvidar y ocultar con el consenso de todos nuestros representantes políticos. Precisamente por los mismos nombres propios que antes, durante y después del atentado aparecían en las pantallas de televisión, en las ondas de la radio o en la prensa escrita, haciendo manifestaciones más o menos falaces sobre lo ocurrido.
En el mismo paquete de actuación política, podemos incluir a los políticos autonómicos, a los sindicatos que representaban a los trabajadores que viajaban en los trenes y a la inmensa mayoría de los medios de comunicación –con muy honrosas excepciones– así como a gran parte de la denominada sociedad civil.
Todos los entes anteriormente citados han constituido un magma político y social que impide cualquier movimiento y actuación para investigar y aclarar la verdad del atentado. Curiosamente, los que impiden la investigación y, por lo tanto, el conocimiento de la verdad, son los elegidos democráticamente por las víctimas y los ciudadanos para salvaguardar nuestras vidas, investigar los crímenes y aplicar la justicia que debe garantizar el Estado de derecho. Resulta paradójica esta afirmación, pero no por ello deja de evidenciar una realidad.
El silogismo que he tratado de plantear en lo que antecede es incompleto, ya que le falta la premisa: todo lo que nos han contado sobre los atentados del 11-M es además de incompleto lisa y llanamente una mentira. Si mi afirmación fuera errónea, tienen muy fácil el demostrarme a mí y al alto porcentaje de españoles que no creen tampoco la versión contada, que existen pruebas incontrovertibles de la versión difundida, así como dándonos a conocer las lagunas existentes sobre autores materiales e intelectuales, las motivaciones del atentado, la trama y ejecución del mismo etc.
Retomando el aspecto político, sería harto interesante el explicarnos la actitud de nuestras autoridades respecto a ETA y al Reino de Marruecos.
Antes de Navidad, en un programa emitido por VEO7, se ponían en tela de juicio las informaciones vertidas oficialmente sobre el 11-M así como la sentencia del juicio de la Casa de Campo. Un tribunal de la Audiencia de Madrid afirmó la veracidad de la información escrita en El Mundo. Mis deseos para el año que comienza, año 2011, aunque resulten ingenuos, consisten en que se abran vías de agua en el barco a la deriva de España. El 11-M fue sin duda un disparo en la línea de flotación que nos llevó a la situación en que vivimos. Si dejamos transcurrir otros trece años en la mentira de los atentados y en la ruina moral y sociopolítica que ellos trajeron, nos veremos sumidos en una fosa abisal sin retorno.