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Clemente Polo

Sin novedad en la cueva del Palau

La elección de la Sra. Carulla como presidenta de la nueva junta y la salida del incómodo Sr. Llinares unos días después de la victoria electoral del Sr. Mas en las elecciones del 28 de noviembre confirman que las aguas han vuelto a su cauce.

El 2 de diciembre presentó su dimisión como director general del Palau de la Música el Sr. Llinares que había ejercido el cargo desde su nombramiento el 29 de julio de 2009, apenas un mes después de que la policía autonómica de Cataluña (Mossos d’Esquadra) registrara las oficinas del Palau de la Música Catalana y se destapara el escándalo político-financiero conocido popularmente como "el saqueo del Palau". Nombrado a instancias de las tres administraciones –Gobierno de España, Gobierno de la Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona– que integran el Consorcio del Palau de la Música, el Sr. Llinares recibió el doble encargo de clarificar el desfalco millonario perpetrado por Fèlix Millet i Tusell durante el tiempo que el saqueador confeso estuvo al frente del complejo Orfeó Català-Palau de la Música y proponer cambios organizativos para evitar que delitos semejantes pudieran volver a repetirse en el futuro.

La marcha del Sr. Llinares se hizo oficial en la primera reunión de la nueva junta del Orfeó presidida por la Sra. Carulla que ostenta los dudosos méritos de haber sido durante los 13 últimos años la vicepresidenta del Sr. Millet en la junta del Orfeó y la persona que lo sustituyó el 27 de julio de 2009, cuatro días después del registro del Palau ordenado por el juez. Al rendir cuentas de su breve gestión, el Sr. Llinares indicó que el caso se encuentra ya encaminado en los tribunales y aclaró que habían podido recuperarse "8,4 millones del desfalco" y reclamado 1,6 millones "de las cuentas suizas abiertas por Millet y Montull en Suiza". No obstante, Llinares advirtió que quedan multitud de asuntos por aclarar como el destino de "las ingentes cantidades de dinero en efectivo que salieron del Palau", así como todas las irregularidades cometidas durante "la gestión anterior a 1998" cuya investigación se descartó desde el inicio ante "la dificultad de encontrar documentación, así como a la no obligación de empresas y entidades financieras de guardar su documentación contable". En consecuencia, el agujero encontrado de 35,6 millones corresponde al período 1998-2009 y todo apunta a que nunca sabremos –ésta es una vez más la desoladora conclusión– cuándo empezó el saqueo, la cuantía total hurtada por el Sr. Millet y sus presuntos cómplices de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), y el destino último de buena parte del dinero robado.

Menos éxito ha tenido el Sr. Llinares en su tarea de reorganizar las tres instituciones involucradas en el saqueo que conforman el Orfeó Català presidido por Millet desde 1978, el Consorcio que dirigió –recién salido, por cierto, de la cárcel Modelo– desde 1983, y la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música que creó y presidió Millet desde 1991 para captar patrocinio privado. Unos días después de presentar su renuncia, el Sr. Llinares explicó en una larga entrevista las fortísimas resistencias que había encontrado dentro de las propias instituciones expoliadas para desarrollar su tarea y que resumía muy gráficamente diciendo que "lo que hemos hecho en 15 meses se hubiese podido hacer en nueve". Quienes intentaban frenar la investigación y ocultar información, lo acusaban de ser "un agente del presidente Montilla" y justificaban su beligerante actitud diciendo que había que evitar que "las administraciones públicas se apoderaran del Palau", como habían hecho con el Liceo tras su incendio y posterior reconstrucción.

En otras palabras, el verdadero objetivo de la flor y nata de los nacionalistas catalanes que continuaron al frente del Orfeó Català y de la Fundació tras la salida del Sr. Millet, no era esclarecer los continuados delitos cometidos durante más de una década por la banda de comisionistas que utilizó el Palau como tapadera cultural para hacerse con grandes sumas de dinero y financiar a un partido político, sino mantener a toda costa la propiedad del inmueble y el control de las instituciones –relegando al papel de mero pagano a las administraciones públicas integradas en el Consorcio, y muy especialmente al Gobierno de España que aportó casi la totalidad de los 16,5 millones que costó la remodelación y ampliación del Palau–, y, sobre todo, hacer lo imposible para evitar que el partido de Pujol y Mas fuera investigado. La elección de la Sra. Carulla como presidenta de la nueva junta y la salida del incómodo Sr. Llinares unos días después de la victoria electoral del Sr. Mas en las elecciones del 28 de noviembre confirman que las aguas han vuelto a su cauce. Sin novedad en el Palau, mi honorable.

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