Una sentencia política

Tiene gracia que el Tribunal Constitucional haya evacuado justo hoy una sentencia sobre el llamado homeschooling. Y tiene gracia porque esta sentencia cae con estrépito sobre la opinión pública española que hace escasamente una semana conocía que el suspenso español en PISA era aún más profundo que en evaluaciones anteriores. Según el informe, en España el 20 por ciento de alumnos tiene un nivel de comprensión lectora que no garantiza su éxito en sus estudios. En el caso de Andalucía, Baleares y Canarias, el porcentaje asciende a un 25 por ciento. En el nivel 2, con un nivel considerado mínimo para lograr un aprendizaje básico, se halla sólo el 27 por ciento de los alumnos. En cuanto a las matemáticas, España sigue también por debajo de la media, con 483 puntos frente a los 496 de la OCDE. En competencias científicas, no hay mejora: 488 puntos, los mismos que en 2006 y por debajo de los 501 de la OCDE. Además, España tiene un porcentaje de repetidores muy superior a la media de los países de nuestro entorno –un 36 por ciento–, y que estos alumnos tienen bajo nivel a pesar de haber repetido curso. En los países con menos repetidores, como Finlandia, este dato sólo llega al 5 por ciento.

Igualmente, la Fundación Santamaría daba a conocer hace escasos días otro demoledor informe en el que constataba que la desmotivación de la juventud española sobre su futuro es total: el 46% de la generación comprendida entre 15 y 24 años declara su falta de confianza en un futuro prometedor, independientemente de la crisis económica, y más de uno de cada tres considera que por muchos esfuerzos que uno haga en la vida nunca se consigue lo que se desea.

También hace pocos días se daba cuenta de una sentencia por el que resultaba condenada una madre que pegó a la profesora de su hijo a cuenta de un bocadillo, en un caso más de violencia física contra los profesores como escalón final del desprestigio del profesorado por parte de la sociedad.

En este contexto, si uno sale a la calle a hacer una encuesta y pregunta a la gente normal para qué lleva a sus hijos al colegio, le dirán que para que aprenda cosas: a leer y escribir, a hacer cuentas y a conocer algo sobre el mundo que les rodea; a lo mejor incluso para que aprenda un poco de inglés, que siempre viene bien. En definitiva, para que aprenda algo que le sirva para su futuro. Seguramente la mayoría de las familias no se plantean grandes objetivos culturales, les basta con que su paso por el colegio les sirva para encontrar un buen trabajo el día de mañana.

Lo malo es que en la España de la Logse-LOE, eso ya no es así. Los centros escolares son meras guarderías donde simplemente los niños permanecen ahí de los 6 –o antes– hasta los 16, con independencia de que quieran o no, consigan o no, les interese o no saber algo sobre algo. Pasarán por imperativo legal estén como estén, si ya han repetido un curso en cada etapa; y aunque no sepan casi leer ni escribir, ni que "cónyuge" no se dice "cónyugue", tendrán su certificado de ESO y aterrizarán sobre el mercado laboral para engrosar las listas del Inem.

Pues bien; en medio del marasmo que certifica PISA, de la descomposición que afecta a la mayoría de los centros públicos que se han convertido en ciudades sin ley donde no hay autoridad ni respeto por el profesor, donde la rebaja de los contenidos –para evitar que el fracaso escolar oficial sea tan masivo como en la realidad es– raya en el analfabetismo funcional, y sobre todo, en medio de una escuela convertida escandalosamente en vehículo de adoctrinamiento político –léase Educación para la Ciudadanía y todo su cortejo–, el esfuerzo de unas familias que han conseguido sustraer a sus hijos de esta debacle y darles una educación que les ha proporcionado llegar a hablar cinco idiomas, tocar instrumentos, dominar todos los objetivos de instrucción previstos en los programas de matemáticas, ciencias, etc, y tener una vida social tan satisfactoria como los que más, ¿viene la Sra. Casas a decirnos que no puede ser, que tienen que ir a los centros de burricie oficial? ¿Cuál es la pega, señora mía? ¿Es que teme el Tribunal Constitucional que esos niños no se instruyan bien y peligre su formación académica? A la vista está que no. La razón es simple y evidente: el Estado no quiere a nadie fuera del circuito.

Al comentar el informe PISA 2006 ya decíamos que antes de la Logse, el sistema oficial de enseñanza era un medio de promoción social, con independencia del nivel previo socio-económico y cultural de las familias.Recordaba que J.F. Revel decía en El Conocimiento Inútil que "la decadencia que viene sufriendo la enseñanza desde hace 30 años es consecuencia de una opción deliberada, según la cual la escuela no debe tener por función transmitir conocimientos". La Logse supuso la imposición de toda una doctrina pedagógica, la ideologización total, y probablemente irreversible, de la enseñanza pública española. Y añadía Revel: "para mí sigue siendo una incógnita el grado de voluntariedad de la izquierda occidental cuando ha ido tomando decisiones que iban a conducir necesariamente a la universalización de la ignorancia". Los 30 años transcurridos nos han despejado la incógnita: la escuela ha sido tomada como herramienta revolucionaria de cambio social por el adoctrinamiento obligatorio y universal. Por eso, los homeschoolers son incómodos, aunque sean minoritarios; recuerdan que hay vida –¡y qué vida!– fuera del circuito estatal.

Afortunadamente, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 14 dice que "se respeta el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas." Nótese lo de "pedagógicas". Ánimo, homoschoolers. Acudan a Estrasburgo. En el resto de Europa sí hay homeschooling. Y que cunda.