Diversos motivos justifican hoy que uno de los sacrosantos objetivos de Barack H. Obama al llegar a la Presidencia en enero de 2009, cerrar el Centro de Detención de la Base de Guantánamo –en el que entonces había 241 reos–, no se cumpla. Y que siga previsiblemente sin hacerlo durante aún bastante tiempo. Su orden ejecutiva firmada con gran despliegue mediático el 22 de enero, al día siguiente de llegar a la Casa Blanca, muestra pues sus debilidades.
Por un lado, la Cámara de Representantes estadounidense ha prohibido el 8 de diciembre trasladar sospechosos de terrorismo desde el centro a suelo estadounidense, frenando así el plan presidencial de juzgar a parte de los allí internados en tribunales ordinarios. En concreto, en el proyecto de ley se prohíbe la utilización de fondos para transferir o liberar en suelo estadounidense a Khaled Cheikh Mohamed –cerebro del 11-S– o a cualquier otro detenido en Guantánamo. La razón está en el revés sufrido el pasado 18 de noviembre: el tanzano Ahmed Khalfan Ghailani, primer preso sometido a la justicia ordinaria en los EEUU, era absuelto de casi todos sus cargos por un tribunal de Nueva York. El caso está aún muy presente, porque Ghailani estaba acusado nada menos que de participar en los atentados de 1998 contra las Embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania (224 muertos, 12 de ellos estadounidenses y 4.000 heridos), la Fiscalía presentó 284 cargos contra él y sólo recibió condena por uno de ellos, el de conspiración para destruir edificios y propiedades gubernamentales. Ghailani fue capturado en Pakistán en 2004 y llevaba en Guantánamo desde entonces estando considerado como uno de los "presos estrella" del centro por la gravedad de los cargos que se le imputaban y que ahora han quedado desmontados por un tribunal civil.
Por otro lado, desde la llegada de Obama al poder, más de 70 internos han sido o liberados o transferidos a terceros países. Pero aún quedan en el Centro de Detención 174 individuos de los que sólo tres han sido condenados por un tribunal militar de excepción. Las filtraciones de WikiLeaks desvelan en estos días cómo las autoridades estadounidenses han venido intentando desde principios de 2009 colocar presos de Guantánamo en terceros países: el objetivo inicial de Obama era clausurar el centro en enero de 2010, pero a las puertas de enero de 2011 esto se ve ya como imposible. Ni las ofertas de dinero a unos ni las presiones de todo tipo a otros han permitido a las autoridades estadounidenses irse desembarazando de tan incómodos y en muchos casos peligrosos reos. España, como se recordará, aceptó recibir hasta cinco. Esto nos convertiría en el país europeo con más presos: tres llegaron a lo largo de 2009 y los otros dos aún no lo han hecho.
Finalmente existe el problema de la reincidencia de algunos presos tras haber sido liberados, y la amenaza que ello supone. En lo que afecta al famoso programa saudí de rehabilitación y reinserción de presos yihadistas –por el que en marzo de 2009 habían pasado ya 1.500 radicales, 119 de ellos reos de Guantánamo–, las autoridades de Arabia Saudí cifraban el índice de reincidencia en entre un 8% y un 10%, escaso en términos numéricos pero importante en términos simbólicos. El problema es que para otras fuentes la reincidencia es mucho mayor, del 25% en términos globales como acaba de publicar The Weekly Standard. Según esta revista, en Guantánamo los reincidentes con delitos confirmados son 81. Por otro lado, el problema de los yemeníes sigue siendo central pues son un centenar de internos y la extradición a su país sigue siendo inviable ante los crecientes problemas de seguridad que sufre. Más allá de los susodichos porcentajes sobre reincidencias hay que recordar el impacto mediático que algunas de estas han tenido, sobre todo cuando se ha tratado de terroristas suicidas o cuando se ha comprobado también la aureola de prestigio que rodea a cualquiera de estos presos en círculos yihadistas en los que rápidamente pueden surgir emuladores de sus hazañas.