Me siento extraño ante el deber de escribir la columna semanal en Libertad Digital como articulista independiente y, a la vez, combinarlo con la circunstancia partidista de candidato a la presidencia de la Generalitat por UPyD a las próximas elecciones autonómicas de Cataluña. Y ya que uno no puede saltar por encima de su sombra, voy a contestar por escrito la pregunta más insistente que se me ha hecho a lo largo de la campaña electoral: ¿qué diferencias hay entre UPyD y Ciutadans? Y qué mejor sitio para hacerlo que en las páginas donde me dieron siempre libertad para escribir sin cortapisa alguna.
La he esquivado docenas de veces para evitar incomodar a un proyecto que forma parte de mi vida; y que desde el principio hice lo imposible porque convergiera en un partido único con UPyD. Aunque como se ve, con evidente fracaso. Posiblemente quise ignorar entonces lo que desconocen todavía tantos cada vez que nos recuerdan sorprendidos por qué no vamos juntos. Y es que, a primera vista, el origen y la finalidad de los dos partidos parecen idénticos, pero ni uno ni la otra lo son. Aunque eso sí, tienen en común algunos puntos significativos. Pero la filosofía de fondo y el fundamento que los originó, hacen de UPyD un partido completamente diferente a todos los demás, incluido C’s.
Veamos las similitudes. Hay dos características fundamentales en las que se asienta la especificidad de C’s después de cuatro años de presencia en el Parlamento: la defensa de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y el rechazo del nacionalismo identitario. El resto de propuestas son más borrosas, sobre todo después de los bandazos mediáticos, y de la alianza con "Libertas" en las europeas que me llevó a dejar el partido y entregar mi acta de diputado.
Esas dos similitudes, con matices, son buena parte de mi resistencia en Cataluña a la exclusión nacionalista y parte importante del programa de UPyD, por lo que la defensa de la libertad de elección lingüística y la resistencia al nacionalismo obligatorio está más que cubierta por la candidatura que encabezo. Y sin sorpresas. Hay ciertas cosas que nunca negociaremos, entre ellas los derechos ciudadanos a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales.
Sin embargo, UPyD no se limita a defender derechos lingüísticos o rechazar al nacionalismo obligatorio, ni reducir su acción política a un hecho puntual especialmente nocivo, como puede ser la lucha contra ETA en el País Vasco. UPyD nació para defender el Estado, es decir, para defender los intereses comunes de todos los españoles, la igualdad y la libertad. No en una comunidad determinada, sino en toda España. No como alianzas entre partidos con personalidad propia, aunque tuvieran un nexo de unión de intereses comunes, sino como partido nacional sin franquicias políticas, o conciertos económicos propios, fiscales, lingüísticos, educativos, sanitarios o de cualquier otra índole que hubiere que negociar en cada caso. Y eso se concretaba en una reforma de la Constitución, en una reforma de la ley electoral, en la devolución al Estado de la competencia de educación, sanidad... y en la regeneración democrática. No se quería caer en el error de partidos confederados al modo y manera de PSOE y PP, que obligados por las franquicias de sus delegaciones autonómicas, ceden una y otra vez trozos de soberanía del Estado a los nacionalistas para mantenerse en el poder o para alcanzarlo. De esa manera, han renunciado a ser partidos nacionales para convertirse en rehenes de sus propias franquicias. La más evidente, el PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya), que por pasar desapercibido en el paisaje nacionalista se ha disuelto en él con graves consecuencias para el bien común de todos los españoles.
En España hoy se puede ser vasco, catalán, canario o gallego, pero no se puede ser español. Nosotros queremos ser y sentirnos españoles sin complejos. Es preciso que la superioridad moral del nacionalismo y la renuncia a ser partidos nacionales de PSOE y PP se tropiece con un partido nacional serio, seguro de sí mismo, sin complejos, que defienda los intereses comunes de todos los españoles vivan donde vivan del territorio nacional y digan los que digan los nacionalistas. Al fin y al cabo, ellos son lo que les han permitido ser PSOE y PP. Empezando por incumplir sentencias de los tribunales, algunas incluso del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Hoy en España hay una gravísima crisis económica originada en parte y sin duda agravada por una insostenible corrupción política causada por la erosión suicida de la autoridad del Estado y su Constitución. Todo eso está propiciado por un desmantelamiento de las estructuras políticas del Estado a través de andanas estatutarias, cacicadas soberanistas y dejadez de los partidos nacionales, (PSOE y PP) que es preciso corregir devolviendo a la nación las herramientas comunes que restituyan al Estado la capacidad de defender los intereses comunes de todos los españoles. Empezando por reformar la ley electoral para adecuar la representación parlamentaria a los ciudadanos. Un hombre, un voto. No puede ser que a UPyD le cueste un diputado 303.000 votos, al PP y PSOE, 65.000 o al PNV, 50.000. Siguiendo con la devolución de la Educación al Estado. La educación no puede seguir siendo el instrumento de algunos gobiernos nacionalistas para construir una nación contraria a los intereses comunes de todos los españoles, ni podemos seguir permitiendo que generaciones enteras, el futuro de nuestro bienestar, sigan saliendo sin una formación académica adecuada.
Hoy España vive una gravísima crisis económica a la que en buena parte la ha llevado la arbitrariedad y mala gestión del engranaje autonómico. Es necesario eliminar duplicidades en las instituciones, financiar gestiones ineficientes o permitir el despilfarro de algunas autonomías en la construcción de micro Estados con el dinero de todos los españoles.
En este contexto, no podremos hacer las reformas políticas oportunas sin un partido nacional capaz de tener un discurso idéntico en todas partes y valiente para proponer un nuevo modelo de Estado federal cooperativo que cierre la indefinición del modelo territorial del Estado actual de las autonomías, y cuya naturaleza esté basada en otorgar las mismas competencias, la misma financiación y la misma capacidad legislativa a todas las federaciones.
Como tampoco podremos luchar contra las distorsiones legales provocadas por los partidos que cobran del Estado para destruirlo si no hay una reforma de los órganos judiciales que evite que sean una réplica de las mayorías parlamentarias. La separación de poderes debe ser restablecida.
Todo eso y muchas más cosas no las puede llevar a cabo un partido de ámbito regional, ni tampoco un conglomerado de partidos confederados con sus problemas específicos regionales. Tarde o temprano justificarían su existencia en defender lo suyo frente a lo común. Para esto no hacían falta tantas alforjas.
Si tienen alguna duda, recurran a la contradicción que producen las declaraciones de C’s hoy mismo en El Mundo de Catalunya, donde a la vez que Artur Mas dice en portada que "mantendré las multas y la inmersión lingüística", "el portavoz de C’s admite que no cierra la puerta a CiU". Después del pacto con Libertas en las europeas, esta nueva flacidez de principios es inquietante.
Nada cambiará de verdad en España sin un partido nacional fiable que pueda defender lo mismo en el Congreso de los Diputados y en el resto de parlamentos autonómicos sin relaciones bilaterales con nadie. Y digo fiable, porque sin ese requisito estaríamos repitiendo las intentonas fallidas de otros.