En España sobran funcionarios, especialmente en las comunidades autónomas, que es donde más ha crecido el empleo público en las últimas décadas. Las autonomías no sólo han absorbido a los funcionarios estatales transferidos junto a las competencias estatutarias, sino que, como ocurre siempre con el Estado, los políticos han justificado su existencia creando miles de órganos innecesarios que ha sido preciso dotar del adecuado aparataje material y humano.
Si esto es ya intrínsecamente nocivo en circunstancias normales, en plena recesión económica, agravada por la incapacidad de un Gobierno radicalizado, el debate sobre la necesidad de que la administración se desprenda del exceso funcionarial adquiere la mayor notoriedad, que es lo que ha comenzado a ocurrir en otros países de nuestro entorno.
Por eso resulta todavía más bochornoso que la Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas como señoritos de un cortijo en la más rancia tradición de la izquierda, se apresure a culminar tres décadas de nepotismo desvergonzado convirtiendo en funcionarios a más de treinta mil empleados contratados discrecionalmente. Es lo de siempre cuando gobierna la izquierda, pero acelerado a causa de los negros presagios electorales que las encuestas vienen recetando muy merecidamente a los socialistas andaluces en los últimos tiempos.
El PSOE es la principal agencia de colocación de Andalucía, la región que tras tres décadas de férrea disciplina socialista sigue encabezando las clasificaciones más infamantes de toda Europa sin que a sus dirigentes se les caiga la cara de vergüenza. "La Pesoe", como ha sido rebautizado ese partido con el típico gracejo de la zona, ha actuado siempre así, comprando voluntades con dinero público, exigiendo y concediendo subvenciones para fomentar la ociosidad y colocando a los militantes de ese partido en los miles de recovecos institucionales en que han convertido a la administración andaluza. Todo ello en detrimento de quienes accedieron a la administración pública por sus propios méritos, que de esta forma deben convivir con el bochorno permanente de ver cómo los políticos socialistas inundan los departamentos autonómicos de personajes, cuyo único mérito es pertenecer al PSOE o a la familia de alguno de sus dirigentes
La connivencia de los sindicatos de izquierdas en el atropello que los socialistas andaluces quieren cometer sorprendería si no fuera porque conocemos sobradamente el papel que el sindicalismo llamado "de clase" tiene cuando gobierna la izquierda. CCOO y UGT son cooperadores necesarios en este escándalo monumental contra el que se han echado a la calle miles de funcionarios honestos, dispuestos a impedir que se consume un caso de nepotismo partidista de dimensiones industriales.
Hoy el PSOE no es una opción política más en Andalucía, sino el vértice de un régimen que controla todos los contrapoderes democráticos en la más acreditada tradición del socialismo. Esta última canallada institucional es sólo el síntoma de que el final tal vez esté más cerca de lo que ellos mismos suponen.