En España, y creo que en la gran mayoría de los países de nuestro entorno y quizás del mundo, existen unas organizaciones sociopolíticas que se estructuran "grosso modo" de la siguiente manera: en primer lugar, unos dirigentes políticos y sociales que son los encargados de dirigirnos y "facilitarnos" la vida al resto de los ciudadanos. En segundo lugar, unas clases medias y trabajadoras que constituyen el auténtico soporte social y vivencial del país. Finalmente, existe un grupo marginado, al que todo el mundo pretende cuidar y ayudar, pero que, en la práctica, permanece aislado del resto de la sociedad; como además, numéricamente no es muy significativo, su peso específico en el electorado no tiene ninguna repercusión en los comicios ni en las decisiones comunitarias. Posiblemente este análisis resulte un tanto simplista, pero creo que, con matices, podría servirnos como base para el que hago a continuación.
El servicio que un sistema democrático debería prestar al país sería el de buscar el bien común partiendo de un verdadero equilibrio de fuerzas y de concurrencia de necesidades y de pareceres. Es cierto que la responsabilidad última de las políticas que deben hacer posible el mejorar las vidas individuales de los ciudadanos recae fundamentalmente en los poderes públicos, representados por el conocido trinomio que todos repetimos con bastante frecuencia (poderes judicial, legislativo y ejecutivo). La prensa, omitida adrede anteriormente, debería ser la voz de la ciudadanía en general pero me temo que tampoco es así, salvo en muy contados casos.
El buen funcionamiento de una democracia debe responder a una coherencia y un equilibrio, entre las necesidades sentidas y demandadas por el conjunto de la sociedad, incluidas las clases sociales más marginadas, y los resultados de las acciones que las clases dirigentes presenten a los ciudadanos que les dieron su confianza para conseguir dichos fines.
¿Ocurre esto en todos los casos? ¿Se exige a dichos representantes que realicen un balance sistemático de su gestión? ¿Los ciudadanos, hacemos este análisis como paso previo al ejercicio democrático de depositar nuestro voto en los comicios? Si la respuesta es negativa, estamos dando pie a que los incumplimientos de nuestros representantes sean algo que admitimos como parte del sistema y ello nos puede llevar a la frustración y por tanto a invalidar, como norma de convivencia, algo que intrínsecamente es bueno, pero que nosotros, todos, lo hacemos perverso y lo devaluamos.
Hay acciones y decisiones que por su naturaleza, por su grado de importancia o de urgencia, pueden ajustarse a los plazos electorales. Otras, en cambio, no resisten el paso del tiempo. Quiero aludir a dos asuntos concretos que estos días están en el candelero; me refiero a la "Investigación de los atentados del 11-M" y a la "negociación" con la banda terrorista ETA-Batasuna. Ambos asuntos creo que revisten un carácter urgente, tanto por la importancia de su contenido como por la importancia de los plazos. Unas actuaciones inadecuadas en ambos casos pueden tener repercusiones irreparables para la convivencia ciudadana y para los principios que conforman dicha convivencia. En estos casos, los colectivos cívicos han alzado su voz, haciendo valer sus derechos y deberes constitucionales, ante lo que consideran un disparate por parte de los tres poderes que conforman nuestro estado de derecho. A nadie se le oculta la acogida que dichos poderes públicos han dispensado a estas demandas legítimas y razonables.
¿Qué hacer ante este distanciamiento entre dirigentes y el pueblo que los eligió? ¿Hay mecanismos dentro de nuestro ordenamiento jurídico y constitucional para remediar lo que es apremiante? Cuando esto sucede, cuando el pueblo soberano no encuentra ni diálogo, ni eco, ni escucha a sus justas reivindicaciones, precisamente en estas circunstancias es cuando la rebelión cívica cobra su auténtico sentido. Esperar para reflejarlo en las urnas puede ser un suicidio colectivo. Con el riesgo añadido de que los "pacifistas de nuevo cuño" produzcan otro "accidente" para actuar sobre la voluntad ciudadana.