A cuadros me quedé el jueves al mediodía al abrir mi correo electrónico. Habiendo leído ya la noticia del fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) que declara ilegalel cobro indiscriminado del canon digital, me encontré con una nota de prensa en la que las entidades de gestión sostienen que los jueces han dictaminado en sentido contrario del que lo han hecho. El comunicado conjunto de todas ellas informa de que "IBAU (Egeda, Dama y Aisge) y COPYESPAÑA (Agedi, Aie, Cedro y Sgae) valoran positivamente el respaldo que supone esta sentencia a la legalidad del canon digital, tanto en España como en el resto de países de la Unión Europea en los que se aplica esta compensación".
Si no nos tuvieran acostumbrados a su permanente desfachatez, resultaría sorprendente la caradura que demuestran la SGAE y compañía en el comunicado. Es cierto que la sentencia avala, por desgracia, la existencia del canon digital en los países miembros de la Unión Europea. Pero, y es lo que los Teddy Bautista boys parecen querer ocultar, lo que deja bien claro es que su aplicación en España atenta contra la normativa comunitaria. Esto supone un duro varapalo para uno de los argumentos clásicos de las entidades de gestión en defensa de la compensación por copia privada, puesto que desde estas organizaciones siempre se ha defendido que se trata de un sobreprecio que responde a la legislación de la UE.
Pero la caradura de tan peculiar celebración por parte de IBAU y COPYESPAÑA no termina ahí. A pesar de que el fallo del TUE deja claro que el canon puede ser repercutido en el precio del producto para que sea pagado por los consumidores, estas organizaciones sostienen en su nota de prensa que la compensación por copia privada "debe ser abonada a las entidades de gestión por los fabricantes, importadores o distribuidores de los dispositivos que permiten la realización de este tipo de copias". Una vez más, tratan de intoxicar a los ciudadanos.
Sin embargo, este brindis al sol tiene sentido. Las entidades van a intentar que los jueces españoles y el Gobierno hagan caso omiso de la sentencia (algo que resulta esperable de un Ejecutivo siempre presto a servir a los intereses de la SGAE y compañía), por lo que buscan intoxicar lo máximo posible en defensa de sus intereses.
A modo de conclusión, aunque la sentencia es positiva, el canon que permite cobrar sigue siendo un abuso. Como ya se ha propuesto en diversas ocasiones, debería aplicarse directamente sobre el original y no sobre dispositivos que tienen múltiples usos. Lo que tampoco es una salida, eso sí, es la disparatada propuesta del presidente de NNGG: Nacho Uriarte defiende convertir la SGAE en un organismo público. Lo que faltaba, Teddy Bautista con coche oficial a cargo de los presupuestos.