El PSOE abandonó solo a medias el marxismo y no sustituyó su ideología por ninguna otra, con lo que mantiene plenamente su mentalidad totalitaria, bien manifiesta en su "ley de memoria histórica" y en prácticas mafiosas y antidemocráticas, como la colaboración con la ETA o los estatutos anticonstitucionales, sometiendo a la democracia española a un proceso de involución. Estos son hechos, no especulaciones, a menos que consideremos democráticos tales comportamientos. Recordemos también su modo de reaccionar ante las denuncias de corrupción con Felipe González, intentando blindar a los corruptos con una ley "antidifamación"; o ante el GAL, con el vídeo de Pedro J.
Pero, ¿es sospechoso el PSOE –es decir, algunos de sus dirigentes– de haber organizado el 11-M? Hay otras dos certezas no especulativas. La primera, que el PSOE aprovechó la matanza de modo inmediato, con total mala fe y falta de respeto a las normas democráticas, para crear una especie de kale borroka y acusar falsamente al Gobierno. Y lo acusó en dos sentidos: de mentir (no hubo ninguna mentira: la autoría etarra la creyó o aparentó creerla todo el mundo al principio, y no sin base, al haberse interceptado poco antes dos grandes cargas de explosivos con dirección a Madrid; además está el asunto del titadine); y de ser el verdadero responsable de la matanza, por haber apoyado políticamente a Bush en el derrocamiento de Sadam Husein. Estas dos calumnias vuelven a exhibir rasgos mafioso-totalitarios.
La segunda certeza es que el atentado no solo redundó en beneficio del PSOE sino también, a través del nuevo Gobierno socialista, del terrorismo islámico, con la retirada de tropas que ayudaban a los iraquíes contra asesinos como los que presuntamente actuaron en Madrid, y de la ETA a través del "proceso de paz", es decir, de justificación de los asesinos y colaboración con ellos. La matanza tuvo, pues, de un modo u otro, tres grandes beneficiarios: los dirigentes del PSOE, el terrorismo islámico y la ETA. Más indirectamente, los separatismos vasco y catalán. Estos son hechos indudables.
Por consiguiente, es lógica y nada conspiranoica la sospecha hacia el Gobierno. La conspiranoia aparece cuando se pasa de la sospecha a la acusación directa, pues para esta última es necesario un dato fundamental hoy inexistente: pruebas concretas. El cui prodest es solo un indicio, no una prueba. El aprovechamiento electoral de la matanza no significa que los jefes del PSOE estuvieran implicados en ella. Suena más razonable, en principio, la idea de que ellos, con envidiable rapidez de reflejos, se dieran cuenta de que si se acusaba a la ETA, el PSOE se hundía electoralmente, y que si se acusaba a los islámicos, el PSOE tendría la gran oportunidad de ganar las elecciones (desplegando, eso sí, una inmensa mala fe). Y el evidente servicio posterior rendido por el Gobierno socialista a los terroristas islámicos y a la ETA no tiene por qué haber sido un premio a una hipotética colaboración de ambos en el atentado, pues también parece en principio más razonable pensar que se debe a que, como he repetido, el Gobierno comparte el 90% de la ideología con la ETA, y una buena porción, asimismo, con el terrorismo islámico ("alianza de civilizaciones"). Datos en los que no reparan la mayoría de los analistas, pese a estar bien claros. La colaboración nace fundamentalmente de esas afinidades ideológicas, haya o no más motivos para ella.
Así pues, el hecho es que los jefes del PSOE aprovecharon políticamente la matanza, sin que ello implique necesariamente ningún género de autoría. ¿De dónde viene, entonces, la destrucción y falsificación de pruebas, la intervención de un juez político (Bermúdez) y tantas otras anormalidades? Reparemos en cómo fue explotado el suceso, sobre la base del explosivo goma2 ECO y la autoría islámica: esta última idea solo podía funcionar a favor del PSOE unida a la de que los terroristas tenían razón, o bastante razón, para dar un escarmiento a España por lo de Aznar y Sadam; sin tal asociación de ideas no habría servido como último empujón de la campaña electoral socialista: al contrario, había sido Aznar quien había advertido el peligro creciente del terror islámico, y socialistas y separatistas quienes se habían burlado del aviso (el "comando Dixán").
Una vez lograda esa asociación de ideas, el Gobierno y sus servidores debían mantener a toda costa la versión islámica-goma2, y a ello se habrían dirigido todos sus esfuerzos propagandísticos, policiales y judiciales. Nótese que la decisión del juez de no vincular el atentado con la guerra de Irak, quizá una concesión a la galería o un fallo argumental, ha pasado inadvertida y apenas comentada por los medios y analistas políticos, pese a que arruina gran parte de la versión del PSOE.
En suma, la mafiosa explotación de la matanza y las afinidades ideológicas del PSOE con los terroristas permiten explicar las demás actuaciones del Gobierno. ¿Hubo además de esta relación indirecta con el atentado otra más directa (recuérdese que varios de los presuntos autores eran confidentes o estaban controlados por algunos policías)? Hoy por hoy se trata de una mera especulación. Pero lo que ya sabemos define claramente a unos políticos y a ciertos jueces y policías. Uno de los cuales, por cierto, está acusado judicialmente, una vía de agua que el Gobierno intenta cerrar a toda costa.