Los planes del actual Gobierno de EEUU en relación a internet son cada vez más preocupantes. No contento con querer otorgar a Obama el poder para ordenar la desconexión total o parcial de la red en EEUU, ahora pretende sacar adelante una norma que multiplicaría casi hasta el infinito la capacidad de las autoridades norteamericanas para espiar a cualquier persona en sus comunicaciones online.
Con la excusa de combatir el terrorismo y la delincuencia por internet, las autoridades federales están promoviendo una nueva normativa destinada a obligar a las empresas de internet y de telefonía móvil a facilitar la interceptación de las comunicaciones de sus clientes. El Gobierno de Obama no quiere, simplemente, que las personas puedan utilizar tecnologías de encriptación que resulten seguras incluso frente a las agencias de seguridad de EEUU. Imitar a las petromonarquías feudales de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, imponiendo fuertes limitaciones al uso de la Blackberry y similares debido a su sistema de cifrado, habría resultado demasiado descarado. En Washington han encontrado una salida más imaginativa.
Pretende el Gobierno de Obama que todos los servicios de comunicaciones online (desde los de voz como Skype a las redes sociales como Facebook, pasando a las aplicaciones de mensajería de las Blackberry o el iPhone) dispongan de una especie de puerta trasera para facilitar los "pinchazos" por parte de las fuerzas de seguridad de EEUU. Aunque desde la administración se sostiene que el espionaje se haría con las debidas garantían judiciales, desde las organizaciones defensoras de los derechos civiles se ha denunciado que la norma no es tan garantista como pretende hacer creer el Ejecutivo.
Aún cuando finalmente el "pinchazo" estuviera sometido a control judicial, la norma que pretende sacar adelante la Casa Blanca resulta peligrosa para los ciudadanos, y no sólo para los de EEUU. No es un secreto que las fuerzas de seguridad y los servicios secretos caen en demasiadas ocasiones en la tentación de romper sus límites legales. Las "puertas traseras" que quiere imponer la Administración Obama facilitaría este tipo de abusos. Además debe tenerse en cuenta que por bien programadas que estuvieran dichas medidas para facilitar el espionaje oficial aumentarían el riesgo de generar agujeros de seguridad susceptibles de ser utilizados por todo tipo de ciberdelincuentes (pensemos que los cifrados de los pagos con tarjeta por internet se volverían menos seguros) o por gobiernos poco democráticos de todo el mundo.
Una vez más, con la excusa de combatir el terrorismo y la delincuencia se ponen en juego derechos fundamentales de los ciudadanos. Esperemos que Obama fracase en su intento.