Las víctimas del terrorismo no adquirimos esta condición de forma voluntaria. Si en España hay algún colectivo de personas que pueda hacer gala de respetar nuestro ordenamiento jurídico y de no hacer manifestaciones de odio y revancha hacia los que nos impusieron nuestra condición de víctimas –o incluso mercadean con ella–, somos precisamente los que hemos padecido directa o indirectamente el zarpazo de los que cultivan, practican y justifican el asesinato, el secuestro, el atentado, la manipulación e incluso el engaño en el trato que recibimos de algunos estamentos sociales, políticos y judiciales.
Las víctimas sentimos que los sectores sociales antes aludidos nos someten con frecuencia al olvido, al mercadeo político y, lo que es más grave, al alejamiento de nuestro derecho a ser entes políticos, no en el sentido partidista del término, sino en el de tener derechos inalienables a participar en la actividad política (pues dichos derechos los hemos pagado a un alto precio). Resulta incomprensible, desde un análisis racional de los hechos, que los terroristas, sus organizaciones y sus terminales mediáticas, sean interlocutores de pleno derecho ante los órganos del Estado y, sin embargo, las víctimas y nuestros colectivos sólo seamos objeto de división o de exhibición "según convenga a la jugada"; pero nunca interlocutores con pleno derecho de representación en cualquier actividad relacionada con la legislación, la justicia o la política terrorista elaborada por el Ejecutivo.
Recientemente, a raíz de unas declaraciones del señor Mayor Oreja, se ha suscitado una controversia sobre la negociación del Gobierno con la banda terrorista ETA o sus representantes. Por parte del Gobierno no se ha producido ningún desmentido oficial, aunque sí ha habido una negativa casi unánime de sus portavoces y de los medios de comunicación que lo apoyan incondicionalmente.
Creo que si en España se puede hablar de lucha contra el terrorismo y de eficacia en la lucha, cualquier persona sin intereses partidistas y cualquier víctima de la banda terrorista ETA han de pensar en el Ministerio del Interior dirigido por el señor Mayor Oreja. Si, en cambio, hablamos de un Gobierno que en plena negociación con la banda terrorista negaba la evidencia, creo que cualquier mente, con memoria reciente, puede identificarlo con el Ministerio del Interior del señor Zapatero. Negar, sin pruebas, estas dos afirmaciones sería como negar un axioma.
Podríamos hacer un listado de hechos a favor de la existencia de negociaciones entre el Gobierno o sus portavoces con los de la banda terrorista ETA:
- El mandato de negociación parlamentaria sigue en vigor.
- El proceso judicial del chivatazo relativo al bar Faisán sigue entorpecido desde el Ministerio del Interior y sus terminales mediáticas.
- Los terroristas excarcelados o acercados (De Juana, Otegui, Díez Usabiaga, etc.), perseguidos y no capturados (Josu Ternera), los presos de la cárcel de Nanclares de Oca con beneficios penitenciarios... son concesiones incomprensibles si no hay una negociación en marcha o una voluntad de iniciarla.
- Recientes informaciones aseguran la existencia de contactos con un mediador como Brian Currin, que no creemos que esté actuando por iniciativa propia.
- La noticia del arrepentimiento y la petición de perdón a las víctimas de algunos terroristas de la antes citada cárcel, y anunciada por el Ministro del Interior, ha sido desmentida por las propias víctimas. De cualquier forma, resulta incomprensible que el ministro del ramo se convierta en portavoz de los terroristas.
Con seguridad podríamos completar el listado de razones que nos hacen pensar –fundadamente– en la vigencia de una negociación Estado-entorno etarra, pero la polémica no serviría para fortalecer la unidad de los que deseamos el fin del terrorismo de ETA.
Refiriéndose a los GAL, un ex presidente de Gobierno sentenció: "No hay pruebas ni las habrá". Todos recordamos cómo se resolvió judicialmente el caso GAL. Recientemente, un ex presidente de la AVT, refiriéndose a las declaraciones de Mayor Oreja, afirmó: "Si están seguros de que hay conversaciones, que presenten pruebas".
La anécdota que acabamos de referir nos lleva a hacer una doble lectura. Por una parte, la coincidencia del juicio del máximo representante de las víctimas con el Ministerio del Interior. Por otra parte, nos trae al recuerdo la información dada por el señor Rubalcaba cuando al descubrir un zulo de ETA afirmó que se trataba de un pre-zulo.
Hace unos días el mismo ministro –aquel que en la jornada de reflexión del 2004 salió en los medios para decir: "no nos merecemos un gobierno que nos mienta"–, afirmó que en la cárcel de Nanclares de Oca no había ningún preso de ETA, ya que según él los terroristas encarcelados, al arrepentirse, ya no son terroristas y su pasado queda borrado como si nada hubiera ocurrido
La pregunta que nos viene a la mente es la siguiente: si con los indicios de negociación existentes se niega que haya negociación, al menos rogamos que se admita que se está realizando una prenegociación.
En cualquier caso, el trato hacia los terroristas parece exquisito frente al ninguneo que los poderes públicos mantienen para con las víctimas. "Obras son amores y no buenas razones".