Aunque al cierre de esta edición aún no haya confirmación oficial, todo parece indicar que los cooperantes españoles en el Sáhara han sido liberados por parte de sus captores, un grupo terrorista vinculado con Al Qaeda. La cadena de televisión Al Arabiya asegura que se han pagado entre cinco y diez millones de euros por los rehenes junto a la extradición a Mali de Omar Uld Sid Ahmed Uld Hame, conocido como Omar Saharaui, único condenado en Mauritania por el secuestro de los españoles.
Que ha habido pago, y que éste ha sido millonario, queda fuera de toda duda. Los terroristas no acostumbran a secuestrar por placer, siempre exigen algo a cambio, generalmente gran cantidad de dinero en concepto de rescate, al que suele acompañar alguna concesión de tipo político o judicial. Los camaradas de Omar Saharaui han hecho un pleno en una operación extremadamente larga, casi nueve meses. Se llevan un rescate muy generoso y la extradición de uno de los suyos al país donde el comando ha permanecido refugiado todo este tiempo.
La importante ahora es saber de dónde ha salido el dinero. El Gobierno, el único que puede reunir y entregar esa cantidad, mira hacia otro lado y pide "responsabilidad" para desviar la atención. Como en secuestros anteriores, en el de los buques Playa de Bakio y Alakrana, o en el de la cooperante Alicia Gámez –que viajaba con los dos que han sido liberados–, Zapatero vuelve a bajarse los pantalones ante los terroristas accediendo a sus demandas pecuniarias.
Desde esta misma tribuna hemos advertido ya en varias ocasiones que lo último que puede hacer un Gobierno democrático de un país serio es ceder al chantaje terrorista. Poco importa que este se produzca en el País Vasco, en Mauritania o en Somalia, el hecho es el mismo y lo único que consigue es legitimar el terrorismo e incentivar nuevos secuestros.
Tal vez por esta razón tan elemental, tan al alcance de cualquiera, Zapatero lleva dos años lidiando con secuestradores en África y, según parece, pagando hasta el último euro que éstos le exigen. La liberación de Albert Villalta y Roque Pascual de la que, desde un punto de vista humano, cabe alegrarse, se convierte así en el preámbulo del siguiente secuestro. Los que han mantenido a los dos cooperantes privados de libertad durante nueve meses en algún rincón del desierto, tienen desde hoy mucho más dinero para perpetrar nuevos crímenes y un aliciente añadido para secuestrar españoles.