El impuesto robolucionario del cine español

González-Sinde, la ministra más prescindible del departamento más inane del Gobierno de España (excluido el de Igualdad por razones evidentes), se lamenta profundamente de la resistencia de las televisiones privadas a pagar el impuesto "robolucionario" que les obliga a comprar películas españolas y, lo que es más perjudicial para las audiencias de las distintas cadenas, a emitirlas dentro de su programación.

Como el Estado les concede una licencia para ocupar el espacio radioeléctrico, sostiene la ministra, las televisiones deben devolver el favor a "la sociedad" financiando a la facción cinematográfica del clan de la ceja al margen de cualquier razonamiento empresarial o de simple buen gusto. El argumento es, dentro de su absurdez, típico de una mentalidad totalitaria, pues identifica a toda la sociedad con la ministra de Cultura y sus compañeros del Consejo de Ministros, que son, al parecer, los únicos que saben lo que conviene a cada uno de los cuarenta y seis millones de ciudadanos españoles

Gobierno y sociedad no tienen nada que ver entre sí. El primero está formado por un pequeñísimo reducto de demagogos que intenta mantenerse en el poder financiando con dinero ajeno a los grupos de presión con los que comparte ideología, mientras que la segunda es el acumulado de millones de individuos que hacen uso de su libertad en función de los fines particulares que pretenden alcanzar.

Pero es que, además, a poco que se eche un vistazo a las estadísticas del Ministerio de Cultura, incluso González-Sinde será capaz de percibir que lo que experimenta "la sociedad" por el cine financiado con nuestro impuestos es más bien un fuerte rechazo, acreditado en unas cifras de audiencia cada vez más paupérrimas en relación con el total de películas exhibidas en nuestro país.

Pues bien, como a la gente con cierto apego a la estética y a su dinero no le da la gana de pagar doblemente por ver un producto en general detestable, el Gobierno de Zapatero traslada a las televisiones privadas la carga de sostener financieramente a unos profesionales incapaces de vivir exclusivamente de su esfuerzo y su talento.

Lo más enervante es que, como buena socialista, a González-Sinde no le basta con coaccionar a las entidades privadas utilizando la fuerza del Estado en función de sus propios deseos, sino que, progre al fin y al cabo, riñe a las víctimas por no dejarse despojar de su dinero poniendo la mejor de sus sonrisas.

Los que identifican a los subvencionados del cine español con José María "El Tempranillo" cometen una grave injusticia, porque el famoso bandolero que robaba a sus víctimas en las estribaciones de Sierra Morena evitaba darles a continuación una lección de moral, lo que supone una gran diferencia. Él era consciente de la vileza de sus acciones. Estos no. Y la ministra Sinde menos aún.