La España postconstitucional

Tras criticar en mi último articulo la antihistórica, inconstitucional y contradictoria expresión que se refiere a España como "Nación de naciones", me encuentro este lunes en El País con un articulo, escrito al alimón nada menos que por el ex presidente del Gobierno, Felipe González, y la actual ministra de Defensa, Carme Chacón, en el que se defiende esa misma delirante concepción de España, al tiempo que se critica el recurso de inconstitucionalidad del PP y, en parte, la sentencia del Constitucional sobre el escasamente recortado estatuto soberanista catalán.

Ni qué decir tiene que tampoco González y Chacón tienen la gentileza de la que les hablaba yo el otro día, consistente en decirnos, ya puestos a inventar, el número y el nombre de esas "naciones" que, según ellos, componen a su vez la nación española. Sólo dicen que es "una concepción que nos fortalece a todos", no sin antes haber definido a Cataluña como "uno los sujetos políticos no estatales, llamados naciones sin Estado".

En principio, no es de extrañar que quien sostiene semejante disparate contra la lógica elemental y contra la realidad histórica y constitucional de Cataluña y del resto de España, le parezca una "obsesión injustificada" la "indisoluble unidad de la nación española". Sin embargo, lo bochornoso, más que extraño, es que ese precepto constitucional le parezca una "obsesión injustificada" a un ex presidente de Gobierno español y a la actual ministra de Defensa de nuestro país. ¿Se imaginan a cualquier ex presidente del Gobierno y a un ministro de Defensa de cualquier país civilizado considerar una "obsesión injustificada" o una "expresión ofensiva" la indisoluble unidad de su nación? Más aun, cuando ese reproche de González y Chacón va dirigido contra los magistrados de un Tribunal encargados de enjuiciar un estatuto precisamente a la luz de la letra y del espíritu de una Carta Magna que no reconoce más nación que la española, patria común e indivisible de todos los españoles. Denigrar como obsesión ese desvelo exigible a los magistrados sería tanto como criticar a los encargados de llevar a cabo un chequeo médico de estar "injustificadamente obsesionados" por la salud de su paciente.

González y Chacón, sin embargo, rizan el rizo cuando, a renglón seguido, se permiten decir que los votos particulares que respaldan la impugnación del PP "escatiman la condición de parte del Estado a la Generalitat" y expresan, nada menos, que "una visión preconstitucional del Estado". Y lo dicen ellos, González y Chacón, que acaban de elogiar la noción de "bilateralidad entre Cataluña y España" y que acaban de respaldar algo tan igualmente contrario a la Constitución como que Cataluña es "una nación sin Estado" o que España es una "nación de naciones".

Las groseras contradicciones y las simples mentiras del ex presidente y de la ministra contra los votos discrepantes van en aumento cuando salen en defensa de la "inmersión lingüística que cohesiona Cataluña" o cuando, en flagrante falsedad, acusan a los magistrados de negar "la noción misma de autogobierno" o de "invocar como autoridad jurídica y política" nada menos que la Biblia.

Resulta bochornoso que quien reivindica una realidad por nadie cuestionada como es la diversidad de España defienda, sin embargo, como "cohesionadora" la inmersión lingüística que coactivamente cercena la libertad y la diversidad lingüística de los catalanes. Tampoco es por ello de extrañar que para González y Chacón sea una "negación del autogobierno" lo que no es más que la constitucional distinción entre lo que son competencias autonómicas y competencias del Estado.

No se crean, que el ex presidente del Gobierno y la ministra de Defensa de España también tienen dardos contra los magistrados condescendientes con ese engendro soberanista sobre el que el propio Maragall reconoció que era necesario una "reforma previa" de la Constitución para darle cabida. Además de la ya mentada reprimenda por su "injustificada obsesión" con la unidad de España, también les critican por otras "expresiones ofensivas" como la que simplemente trata de no reconocer derechos distintos entre españoles por razón del territorio donde vivan o la que tratan de preservar la jerarquía normativa que ya la propia Constitución, no por nada llamada Ley de leyes, establece. Eso por no hablar de la dilación, ciertamente criticable, pero de la que es principal responsable quien se ha empeñado en que los magistrados aceptaran el pulpo como animal de compañía.

Finalmente, y tratando de hacer equivalente el amplio respaldo que la Constitución tuvo en Cataluña con el ridículo apoyo que los catalanes han brindado al nuevo estatuto, González y Chacón concluyen señalando que "la Constitución de 1978 fue punto de encuentro y de partida".

Y tanto que ha resultado ser "punto de partida"; como que esa Constitución y ese consenso han sido dejados atrás. Sólo que no es un avance, sino una involución que debilita las fronteras jurídicas que configuran a la nación española como estado de derecho, retrotrayéndonos a los reinos de Taifas.