De la obediencia a las leyes

Como es fama, "se acata pero no se cumple", fue la fórmula retórica acuñada por los virreyes del Imperio en las Indias con tal de burlar la soberana voluntad del monarca vertida en leyes y reglamentos. Y "ni se acata ni se cumple" pudiera ser la versión corregida y aumentada con que algún cantonalismo moral diera en reavivar esa tradición tan española, la de ponerse el mundo por montera. Castizos arrebatos que suelen tener más de teatral simulacro escénico que de efectiva insubordinación. Así, Zapatero y Montilla cuando fantasean con soslayar los efectos quirúrgicos de la sentencia del Estatut por medio de ignotas tretas leguleyas.

Y es que, al canónico modo de las parejas de trileros que frecuentan Las Ramblas de Barcelona –"¿dónde está la bolita, señores?"–, el uno embauca a los membrillos y su compinche, el gancho, simula dejarse engañar. Por cierto, vistosa variante de la misma comedia bufa es la representada estos días por los munícipes de aldeas y villas catalanas que se dicen "desvinculados" de la Constitución española. Otro brindis al sol sin mayor consecuencia que la propia charlotada, tal como acontece en esas pedanías que gustan declararse territorio no nuclear o evacuan solemnes proclamas de similar calado peregrino. No obstante, espectáculos circenses al margen, en un Estado de Derecho las leyes, todas, sin excepción alguna, han de ser cumplidas. Y punto.

Al respecto, el margen único a fin de eludirlas en muy restringidos supuestos, la objeción de conciencia, apela a los individuos, jamás a las instituciones. De ahí que, en su condición de mera prosopopeya, la Región de Murcia no pueda rehuir las normas del Parlamento. Sí, en cambio, le cabría hacerlo a Ramón Luis Valcárcel si emprendiese el único camino que el orden jurídico deja expedito a la dignidad individual en esos casos; a saber, el de la dimisión. Como hiciera, por ejemplo, Nicolás Salmerón en su día, al renunciar a la presidencia de la República por no firmar una pena de muerte. O Balduino de Bélgica, cuando rehusó sancionar la ampliación del aborto. Igual que Don Juan Carlos hubiese procedido a abdicar sin mayor demora en la eventualidad de que nuestra nueva Ley colisionase con alguno de sus principios éticos. Nadie lo dude.