Una opinión coherente diríase que Arriolesca.
Coincido con Wendel.
En los Juicios de Nüremberg fueron condenados jueces y políticos que se escudaron en la obediencia a leyes inhumanas para eludir su responsabilidad en la aplicación de las mismas. Me pregunto si el señor García Domínguez ha olvidado el fundamento jurídico de aquella sentencia.
Yo tampoco creo que Valcárcel tenga que dimitir. Es que, Sr. Domínguez, de ser tan buenos como usted dice así les va a los políticos de derechas. Fíjese qué ha pasado con el "estatuto" de Cataluña: política de hechos consumados y rebelión contra una sentencia del TC. A los separatistas y gentes de izquierda, les da igual la Ley o el Poder Judicial. Hacen lo que quieren y después buscan el apaño o corrompen a quien haga falta. Pero lo que quieren, lo consiguen, ante una derecha timorata que, de ser tan buenecita, no sabe más que perder terreno y, a veces, ampararse en unos jueces que, en última instancia, nunca van a perjudicar seriamente al PSOE.
Eso es así, por duro que suene. El PSOE controla gran parte del Poder Judicial. Por tanto, Sr. Domínguez, en España no existe ninguna legalidad democrática que haya que respetar a toda costa.
Mirusté, cuando en un país el poderoso desprecia la ley, conminar al débil a que obedezca la “ley del más fuerte” no es defender el estado de derecho sino el abuso.
Desde que los socialistas detentan el poder, en este país no rige la ley. La ley no es el mandato caprichoso que una mayoría parlamentaria imponga, ésa es una idea muy hitleriana, sino un precepto que no viole un orden constitucional básico con sus derechos fundamentales y sus limitaciones de gobierno.
Por encima de cualquier norma positiva está la moral y la justicia. Instar el acatamiento ciego de la ley formal es la aberración socrática que confunde el medio, el respeto a un orden establecido, con el fin, el imperio de lo general y abstracto. Para empezar, la única ley propiamente dicha es la interdicción del inicio de la coacción; todo lo demás es perniciosa política. Luego, eso de que en un Estado de Derecho las leyes, todas, sin excepción alguna, han de ser cumplidas encierra un sofisma porque en puridad sólo existe una Ley Natural y además no emana de ningún poder legislativo. Ésa es la que hay que respetar a rajatabla en un Estado de Derecho, y no las supuraciones purulentas que la contravengan, por muy afamado que sea el órgano excretor
Yo también alabo la actitud heroica, no la pose, de quien antepone sus convicciones éticas a la sumisión al poder o a su interés y arrostra las consecuencias. Pero no es necesario ni nada gallardo exigir a los débiles que respeten la ley. A quienes cabe exigírselo es a los poderosos.
Hay un problema: habla vd. del "estado de derecho" y de la "obediencia a las leyes", pero olvida vd. al menos dos puntos, a mi modo de ver cruciales:
1.- Existe estado de derecho e imperio de la Ley cuando esas leyes en general se cumplen. Eso es fruto de un acuerdo tácito entre la sociedad y sus dirigentes por el que se renuncia a derechos y libertades (el uso de la violencia, por ejemplo) a cambio de la existencia y cumplimiento universal de un orden legal justo. Roto el acuerdo, deja de ser vinculante para ambas partes. Por expresarlo de una forma gráfica, aunque haya un acuerdo de compraventa, si yo no recibo el bien que he comprado, no tengo por qué abonar importe alguno: el contrato se ha roto y ya no vincula a las partes.
De hecho, algunas constituciones democráticas contemplan entre sus preceptos la legitimidad de la insurrección como respuesta social válida contra la subversión del orden legal. Cito, por ejemplo, la de Honduras:
"ARTICULO 3.- Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional."
En Honduras se redactó la Constitución conociendo la tendencia de ciertas ideologías (como el socialismo ¿le suena?) a instalarse en el poder y, desde él, subvertir las leyes y las instituciones para, desde la ilegalidad y la impunidad (proporcionada por unas instituciones corrompidas que no actúan para garantizar los derechos sociales sino para aplastar la disidencia), derribar la Constitución.
Es cierto que nuestra Constitución, por el contrario, no tiene previsto ningún mecanismo que legitime a la sociedad a la hora de combatir unos poderes y unas instituciones corruptas pero... ¿eso realmente deslegitima a una sociedad para el ejercicio de su propia soberanía, cuando dicha soberania es pisoteada por sus dirigentes?
Hoy estamos asistiendo a la destrucción causada por un gobierno que negocia con el terrorismo, que promulga leyes injustas e inconstitucionales, que perpetra el crimen de estado (antes el GAL, luego la ocultación de pruebas del 11M, ahora la detención ilegal de miembros de la oposición, siempre el uso del terrorismo con fines electorales), que instrumentaliza a una fiscalía convertida en banda de sicarios del gobierno y a unos jueces que prevarican al por mayor (previo espectáculo vergonzoso de bronca a Maria Emilia Casas y prevaricador mentenimiento de ésta en su puesto), que utiliza a la policía para practicar detenciones ilegales (desde el caso Bono hasta el actual caso Ripoll, pasando por la oleada de detenciones en Canarias que formó parte de la campaña electoral del PSOE para las autonomicas) mientras la hace mirar para otro lado cuando actúan los de su bando (huelga salvaje en Madrid, donde ni un solo policía ha actuado para garantizar los derechos de los madrileños).
Ante este continuo atropello, ante esta ausencia de imperio de la ley, ante esta desaparición de facto del estado de derecho... ¿cómo puede exigirse el cumplimiento escrupuloso de la ley a las víctimas mientras se permite la prevaricación constante de los agresores? Roto el pacto, se acabaron las vinculaciones. Si la soberanía fuese un río, ante este dique que cercena el cauce natural de respeto democrático a los derechos y libertades, es legítimo y natural desbordar el cauce y arrasar el dique.
2.- El orden legal no es sólo legal, sino que también es orden. Ese orden es jerárquico, existiendo leyes de rango superior y leyes de rango inferior, de modo que si se promulga una ley de rango inferior que contraviene principios fundamentales de otra de rango superior, dicha ley es nula desde el momento de su promulgación. En el caso de la ley del aborto libre, se contravienen al menos 4 derechos, más o menos fundamentales, consagrados en la Constitución (lo de más o menos fundamentales lo digo porque hoy está de moda llamar "derecho fundamental" a muchas cosas que no lo son; en cualquier caso, sean o no fundamentales, son derechos enunciados y protegidos por la Constitución):
A.- El derecho a la vida del niño, consagrado por la Constitución al adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este derecho fue además refrendado por el TC como bien a proteger, con la consiguiente generación de jurisprudencia vinculante.
B.- El derecho de los padres a la patria potestad sobre sus hijos, que se arrebata por esta ley que permite a las menores de edad abortar sin conocimiento ni consentimiento de sus padres (todo hay que decirlo, eso ya sucedia de facto al distribuir la píldora abortiva sin receta médica a menores sin límite efectivo de edad -al ir sin receta médica, los farmacéuticos no pueden pedir el DNI para verificar la edad-).
C.- El derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, arrebatada por esta ley al imponer la asignatura de emputecimiento pedófilo impartida por sicarios del ministerio. Este derecho se viola conjuntamente con el derecho de los centros educativos a la autonomía académica, con la citada imposición de sicarios del ministerio, ajenos al personal docente del centro, para impartir la ya mencionada asignatura de perversión de menores.
D.- El derecho a la objeción de conciencia, que se compromete seriamente en el caso de los médicos (a los que se obliga a apuntarse a una "lista negra" de objetores) y que se deniega completamente al resto del personal sanitario, a quienes se obliga por ley a participar en el genocidio.
Las leyes nulas lo son por su propia naturaleza y únicamente en virtud de su propio contenido, contrario a las leyes de rango superior. Como tales leyes nulas, no son en absoluto vinculantes.
Dijo Edmund Burke: "Para que el mal tenga éxito, sólo basta la inacción de los justos".
Digo yo: ¿no es "inacción de los justos" el dimitir como forma legal de evitar participar en la imposición de las leyes injustas? ¿No es esa dimisión una forma de filtrar a las personas con poder y responsabilidades, de forma que se aparten los justos y permanezcan los malvados?
Desde luego, si de lo que se trata es de garantizar nuestro hundimiento, la corrupcion de nuestro sistema político y social, reconozco que obligar a los justos a dimitir de los cargos públicos es una forma eficacísima de lograrlo.
Un saludo.
En el III Reich, las leyes se cumplían a rajatabla. Cuidadín, cuidadín.
Las leyes injustas, que atentan contra el primer derecho, el derecho a la vida, ¿ deben ser obedecidas ?
Solo agregar una reflexión:
Ahora mismo detenta el poder el PSOE, partido político marxista revolucionario fundado por Pablo Iglesias, quien enunció uno de los principios que ha regido el comportamiento del partido desde su fundación: "Estaremos en la legalidad mientras ésta convenga a nuestros intereses, fuera de ella cuando no sea así".
Prueba de que esta premisa sigue plenamente vigente es el empeño de ZP ("el Rojo", según sus propioas palabras) en buscar la legitimidad de sus actos en la terrorista II República en lugar de en la pacífica Transición Democratica y su vigente Constitución. Es decir, identificándose con el PSOE marxista revolucionario y terrorista que se estrenó en el parlamento amenazando de muerte, y no con el PSOE aparentemente más moderado que retiró la palabra "marxismo" de sus estatutos (aunque sólo aparentemente: recordemos que el GAL no puede ser obra de un partido moderado).
¿Qué sentido tiene respetar escrupulosamente unas leyes claramente inconstitucionales, impuestas por quienes se basan en la premisa de "saltarse la ley cuando ésta no convenga a sus intereses"? (son conocidos innumerables ejemplos de ello)
Lo cierto es que estamos obligados a incumplirlas: de no hacerlo, tendremos que apechugar con nuestro propio Nüremberg (gracias Elentir por su preclara aportación).
Un saludo.