El Estatut bien vale cinco millones de parados

Un sector muy importante de la sociedad española tiende a considerar a CiU como una especie de partido responsable depositario del seny catalán. Un nacionalismo "moderado" que, pese a todo, posee una cierta visión de Estado y sabe sacrificarse en nombre del bien común.

Desde luego, los dirigentes de CiU han sabido cultivar esa imagen fuera de Cataluña, pretendiendo ser, como ya lo buscara Cambó, Bismarck en Madrid y Bolívar en Barcelona. La convalidación en el Congreso del tijeretazo de Zapatero, al que todos los otros partidos se opusieron, supuso un nuevo espaldarazo a esta visión de los convergentes como serios estadistas que sabían anteponer los intereses de la nación ante Europa sobre el revanchismo cortoplacista que podía suponer derrocar a Zapatero. Muchos incluso han llegado a proponer al líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, como eventual presidente de un gobierno de concentración en la España postzapateril.

Y, sin embargo, al final resulta que esa pose de responsabilidad no era más que un humo que, como siempre han hecho desde tiempos de Pujol, se han encargado de vendernos muy caro.

Lo que no ha facilitado CiU con un Estado al borde de la quiebra, cinco millones de parados y un Zapatero totalmente desacreditado, amenaza ahora con provocarlo porque el presidente del Gobierno no ha mostrado el más secesionista de los discursos posibles al afirmar que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut "garantiza el máximo autogobierno posible para Cataluña".

Ha advertido Artur Mas, líder de ese partido tan moderado que acudirá a la próxima manifestación contra la legalidad constitucional del próximo 10 de julio, que Zapatero debe "medir" sus palabras, pues en caso contrario "forzará su caída". Pocos deberían dudar ya de cuáles son las prioridades de los "nacionalistas moderados". Si hasta ahora han venido sosteniendo al Gobierno socialista apoyando las reformas decisivas que llevaba a la Cámara Baja, no es porque creyeran en la bondad y necesidad de las mismas, sino porque Zapatero les sigue resultando de utilidad para sus objetivos independentistas.

Zapatero no sólo abrió el melón soberanista concediendo a los nacionalistas ­­–y en especial a Artur Mas– un estatuto que en muchos sentidos convertía al resto de España en una colonia de Cataluña, sino que presionó activamente a los miembros del Tribunal Constitucional para que obviaran los aspectos que de un modo más flagrante contradecían nuestra Carta Magna. Pero tampoco les bastó con eso y Zapatero ya se ha puesto a negociar con Montilla cómo hallar una solución a las pequeñísimas trabas que el Constitucional le ha puesto al desarrollo estatutario.

Mientras Zapatero siga siendo útil para los intereses de la casta nacionalista, parece claro que ésta no propiciará su caída, por mucho que a causa de su nefasta gestión la salud de nuestra economía y el bienestar de los españoles –incluidos los catalanes– sigan deteriorándose a ritmos acelerados. Como siempre, sus privilegios son más importantes que los derechos y la prosperidad de la ciudadanía. Lo cual, por desgracia, no impedirá que los mismos de siempre sigan repitiendo las mismas sandeces sobre la moderación y responsabilidad de CiU a las que ya nos hemos acostumbrado.