Por fin parió la burra, y como suele ser habitual parió un burrito. Es decir, que el Tribunal Constitucional, que tiene poco de lo primero y casi nada de lo segundo, ha dicho que el Estatut es esencialmente constitucional, si bien lo ha adornado para que todos los que quieran tengan algo adonde agarrarse. La sentencia del TC sobre el Estatut consagra un nuevo principio de actuación política en España, a saber, la Constitución no será nunca un obstáculo a las pretensiones soberanistas de los gobiernos nacionalistas. Es un mensaje de gran calado: significa la consagración de un nuevo paradigma de comprensión de España, de lo español y de los españoles.
La acción del tribunal constitucional –me permitirá el lector que en lo sucesivo lo escriba con minúscula– es profundamente inmoral. Es inmoral porque supone la aceptación formal de una acción ilegítima. El daño que se ha perpetrado a la nación española podrá ser declarado legal, pero nunca será una acción legítima. El Estatut y su ratificación entrañan un mal irreversible a la nación española, que en sí misma es un bien digno de protección. Me importa un pimiento que el constitucional digo que la denominación de Cataluña como nación no tiene contenido jurídico, hay que ser imbécil para no darse cuenta que rebosa contenido pedagógico.
Con esta sentencia se arreglan unas cuantas cuestiones pendientes pero quedan abiertas las de siempre. Mariano Rajoy se acaba de quitar una de sus pesadillas ante el road show electoral que le espera. Con la polémica del Estatut zanjada, tiene el camino expedito para ayudar a CiU a llegar al poder en Cataluña y así facilitar la caída de Rodríguez Zapatero. Los nacionalistas han dado un paso más en su invariable estrategia de ir minando el Estado hasta dejarlo en una marioneta con máscara regia. No obstante, los nacionalistas de distintos partidos, merced a las levísimas rectificaciones introducidas por el tribunal constitucional, harán profesión de fe al victimismo que les ha caracterizado durante los últimos cien años.
Y mientras tanto, los españoles seguimos la jugada viendo cómo entre los pertenecientes a la casta política se juega con el futuro de España, sin importarles lo más mínimo qué opinamos los ciudadanos. Estas acciones abyectas de traición no quedan en el aire. El lenguaje de los nacionalistas es asumido por quienes en teoría no lo eran. Hoy han salido miembros del gobierno valenciano a la palestra para decir que la Comunidad Valenciana no va a ser menos y que para eso se introdujo la denominada "cláusula Camps". Son razones poco sólidas. Si el PP sostenía ayer que el Estatut era inconstitucional de cabo a rabo, era porque tras un estudio de la norma habían llegado a la conclusión de que su contenido suponía un ataque a la nación española, como conjunto único conformado por todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Si los populares argumentaban que el Estatut creaba ciudadanos de primera y de segunda, no dejará de hacerlo porque el constitucional haya evacuado una sentencia sólo comparable a la de Rumasa.
Me gustaría ver al PP defendiendo mañana lo mismo que defendió hace tres años, cuando cuatro millones de ciudadanos estamparon su firma y su DNI para intentar impedir que los intereses conjuntos de socialistas y convergentes socavaran los cimientos de la nación española. Mucho me temo que en lugar de esto comiencen todos a apuntarse al "culo veo culo quiero".