Pero, ¿qué pasaría con los pobres?

Es la réplica inocente del ciudadano de a pie ante la propuesta de desmantelar el Estado del Bienestar. Es también el argumento socialista más habitual contra las tesis liberales, casi siempre aderezado con alardes de compasión e insinuaciones de insensibilidad.

Los liberales, como si hiciera falta aclararlo, no defendemos que se deje morir de hambre a los pobres ni somos indiferentes a su suerte. Esto son cuentos progres para espantar a los incautos. Lo que nos distingue de los estatistas es que, aparte de hacer menos demagogia, apoyamos la ayuda voluntaria, la solidaridad genuina, por encima de la redistribución forzosa. Consideramos que la función asistencial corresponde a la familia, los amigos, las fundaciones, las ONGs, la Iglesia, los programas de responsabilidad social de las empresas... Los intervencionistas, en una muestra de poca imaginación, parecen quedarse en blanco si les quitas el comodín de los "derechos sociales".

Pero vamos a conceder, a efectos dialécticos, que el cuidado de los pobres necesita de la intervención pública. De ahí no se sigue en absoluto la necesidad o conveniencia del Estado del Bienestar. La objeción de los pobres no es un argumento en contra de la privatización de la sanidad, la educación y las pensiones, en todo caso es un argumento a favor de un sistema de deducciones o cheques para la minoría con menos recursos.

La auténtica tragedia del Estado del Bienestar no es que le quite dinero a Pedro para dárselo a Juan, sino que se lo quite a Pedro para dárselo otra vez a Pedro en forma de servicios públicos de los que, si puede, huye. Si se tratara de subsidiar a los pobres, la factura sería modesta. Es la redistribución horizontal, que no tiene ninguna justificación de equidad ni de eficiencia, la que conforma el grueso del Estado del Bienestar. Con la excusa de atender a los más pobres, el Estado nacionaliza el sector entero, imponiendo sanidad, enseñanza y pensiones públicas a toda la sociedad.

Tomemos la educación, por ejemplo. Si estuviera privatizada y desregulada, la competencia entre escuelas para conseguir el favor de los padres abarataría los precios y mejoraría la calidad. "¿Pero no habría que garantizar unos estándares mínimos?"; "¿Qué sucede con las familias con pocos recursos?". A lo sumo la respuesta a estas preguntas sería unos controles de calidad que excluyeran modelos educativos muy controvertidos y un sistema de cheques o deducciones para las familias menos pudientes. En ningún caso se sigue la necesidad de establecer un Ministerio de Educación que imponga a todo el alumnado del país un sistema uniforme sufragado con impuestos, no-competitivo, con un mismo currículum y modelo docente. Es la diferencia entre un libre mercado de alimentos con controles de calidad mínimos, como el que tenemos hoy en día, y una industria alimenticia nacionalizada con un Ministerio de la Alimentación que impone la misma dieta a todos.

Los estatistas hablan del "derecho a la comida" o el "derecho a la sanidad"" como si pudieran comerse o curarte, pero lo que cuenta no son las declaraciones de intenciones impresas en papel (de estas hay muchas en la Constitución cubana) sino comer y tener buena salud. Y es el mercado el que produce comida de forma más eficiente para el mayor número de personas, y lo mismo ocurriría con la sanidad si el Estado lo permitiera.

Es extraordinaria la credulidad de algunos. El Estado afirma que "ayuda a los pobres" y se lo creen sin dudar. La prueba de sus bondades no son los resultados de un decreto sino su mera promulgación. Pero, ¿por qué tendrían los gobernantes que preocuparse de los más pobres, que carecen de peso político, en lugar de fingir hacerlo y servir en realidad a otros grupos de presión? El salario mínimo y las regulaciones laborales elevan el coste de emplear a alguien, reduciendo los salarios de los trabajadores y condenando al paro a los menos productivos. Las licencias y los permisos para entrar en un sector restringen la competencia y encarecen servicios como la sanidad o los transportes metropolitanos. La regulación del suelo encarece la vivienda y el proteccionismo encarece la comida. Los impuestos indirectos, que cada vez tienen un peso mayor en el organigrama fiscal, son regresivos y se ceban en los más pobres. La subida de los precios provocada por la expansión crediticia es asimétrica y afecta especialmente a las personas de rentas más bajas, que ven subir los precios de los bienes que compran antes de que hayan subido sus salarios. Las regulaciones y los impuestos en general socavan la acumulación de capital y el florecimiento de nuevas oportunidades de negocio y de empleo.

Dicen que el mayor logro del diablo fue convencer a la gente de que no existe. El éxito del Estado del Bienestar ha sido convencerla de que sirve a los pobres.