Una educación basada en la libertad

Como todos los lectores de Libertad Digital ya conocerán, el pasado jueves el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, mantuvo una reunión conmigo como colofón de las negociaciones entre el Gobierno y el Partido Popular para la posible firma de un pacto sobre la reforma del modelo educativo. Debo decir, en primer lugar, que el Partido Popular abordó esas conversaciones con una postura abierta constructiva y dialogante, pero con la firmeza de una posición que considera irrenunciable una serie de principios básicos sobre los que deben sustentarse el modelo educativo del futuro.

Lamentablemente, como tuve la oportunidad de comprobar en mi entrevista con el ministro Gabilondo, el Gobierno no ha estado dispuesto en ningún momento a que esos principios rectores, fundamentados a su vez sobre los derechos y libertades consagrados en la Constitución Española, constituyan los pilares de la educación de los jóvenes españoles.

Una educación que, he de recordar, supone el mayor activo que podemos y debemos conceder a toda una generación de chicas y chicos que termina sus estudios primarios, secundarios y universitarios sin mayores perspectivas que las de engrosar, en prácticamente uno de cada dos casos, las interminables listas del paro que serpentean todas las mañanas las calles españolas a las puertas de las oficinas del INEM.

Un modelo educativo, el actual, que no sólo se ha convertido en el último de la clase de los países desarrollados, sino que además se encuentra a años luz de las necesidades académicas, económicas y empresariales de un país como el nuestro. Pues bien, ese modelo, el de la malograda LOGSE, es el que quiere perpetuar el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Yo misma fui quien trasladé al ministro Gabilondo que el Partido Popular no está dispuesto a prestar su apoyo a ese despropósito, de la misma manera en que el ministro me había comunicado previamente su rechazo a aceptar nuestras propuestas de reforma educativa. El final de la reunión ya lo conocen todos ustedes: no fue posible el acuerdo.

La propuesta que hizo el Partido Popular al Gobierno parte del derecho constitucional a que los estudiantes puedan estudiar con libertad en castellano, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan. Una propuesta destinada a garantizar que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza en todo el territorio nacional y en todas las etapas educativas. Una propuesta que defiende el derecho inquebrantable de los padres a elegir la lengua en la que quieren que sean educados sus hijos.

Frente a la imagen de la España invertebrada que figura en el frontispicio del actual Consejo de Ministros, el Partido Popular aboga por la necesidad de un sistema educativo cohesionado a través del establecimiento de unas enseñanzas comunes impartidas en los mismos términos en toda España y mediante el mantenimiento de los cuerpos nacionales del profesorado.

Además, queremos una educación pública exigente que recompense el esfuerzo, el mérito y la superación, pero que a su vez sirva de apoyo a los alumnos con más dificultades. Buscamos devolver la autoridad perdida a los profesores, porque consideramos que el respeto es el sentimiento que deber prevalecer en la relación entre alumnos y maestros.

Defendemos, en definitiva, la necesidad de adoptar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades educativas de todos los jóvenes españoles, evitando que en un mismo país nos encontremos con distintas velocidades educativas.

Probablemente, muchos de ustedes, queridos lectores de Libertad Digital, tienen hijos en edad escolar. Estoy segura de que ustedes comparten el deseo y la aspiración de que sus hijos acaben lo más preparados posibles sus estudios antes de entrar en un mercado laboral cada día más competitivo. Les aseguro que ésa es la aspiración del Partido Popular. Les garantizo que el Partido Popular seguirá luchando porque esas aspiraciones se conviertan, en un horizonte no muy lejano, en realidad.