Tajo de muerte al Estatuto

La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha se ha "ahogado" a su paso por el Congreso, donde llegó hace 24 meses. Y decimos "ahogado" porque han sido precisamente las competencias en materia hídrica de las que se apropiaba el texto aprobado en las cortes regionales, y la "reserva" de 4.000 metros cúbicos que fijaba su preámbulo, la causa fundamental de que el PSOE y el PP no hayan llegado finalmente a un acuerdo.

En principio, es una buena noticia que el PP nacional, al igual que UPyD, no haya dado finalmente su apoyo a un texto que, como el que nos ocupa, no sólo se arrogaba competencias que la Constitución reserva en exclusiva al Estado, sino que suponía una derogación de facto del trasvase Tajo-Segura al establecer una eufemística "reserva" de los caudales del Tajo de tal cuantía que prácticamente duplican los que la comunidad castellano-manchega almacena en los años más lluviosos y excedentarios.

Aunque el respaldo a los trasvases había sido tradicionalmente una seña de identidad del PP y una prueba de su compromiso con la unidad, solidaridad y vertebración de España, Rajoy parecía haberlo olvidado en los últimos tiempos, al dar rienda suelta –valga la expresión– a una María Dolores de Cospedal que, dando prioridad a su condición de presidenta del PP castellano-manchego sobre su condición de secretaria general del partido a nivel nacional, parecía querer competir con el PSOE en una cateta visión de las autonomías, propia de los reinos de Taifas.

Ahora, bien sea debido a que Rajoy ha recuperado una visión nacional, acorde tanto a los principios de su partido como a la Constitución, bien sea porque haya recordado los compromisos que en favor de los transvases había adquirido ante los votantes, en general, y ante los presidentes de las comunidades de Murcia y Valencia, muy en particular, el hecho es que parece haber abortado una reforma estatutaria que no sólo pretendía burlar la Constitución en este terreno sino que abocaba al partido a una gravísima ruptura interna.

No obstante, aun es pronto para echar las campanas al vuelo. Y lo decimos porque la fórmula con la que ayer por la tarde el PP trataba de buscar el acuerdo con el PSOE para sacar adelante la reforma del estatuto –esto es, cambiar el concepto de "reserva" por en una "estimación", a modo de "deseo"–, sólo venía a pulir lo que es un grave error de base. Especialmente cuando comparamos esta tímida rectificación con la muy articulada política nacional de aguas que estaba entre las señas de identidad del PP. Recordemos que el Partido Popular había aprobado un Plan Hidrológico Nacional que de haber seguido gobernando a partir de 2004 se habría aplicado más allá de los absurdos sentimientos regionalistas. No sabemos si Rajoy se ha decidido a regresar a estos fructíferos principios o más bien piensa, como de costumbre, seguir en su característica indefinición.

Si una minuciosa y excesiva regulación en cualquier texto legislativo ya es de por sí criticable, la intromisión de un estatuto, aunque sea a modo de "estimación" o "deseo", en competencias que corresponden al Estado, resulta más lamentable. Lo que se debe buscar en un estatuto son normas, lo más claras y menos numerosas posibles, acordes todas ellas a la ley suprema que es la Constitución. Pretender, por el contrario, que los estatutos sean una especie de programas de Gobierno –para colmo sumamente intervencionistas– es convertirlos en mamotretos políticos que, lejos de limitarse a señalar claramente a lo que deben atenerse las comunidades autónomas, parecen invitarles a inmiscuirse en cosas tan ridículas como el folclore o, por no salirnos del tema, la regulación de los caudales de los ríos que las atraviesan.

Dejando al margen que ninguno de los problemas que padecen los ciudadanos de Castilla-La Mancha se debe precisamente a la falta de una reforma de su estatuto de autonomía, esperemos que el PP no vuelva a competir con el PSOE en falta de sentido común y en esa deriva disgregadora que, a modo de nuevos reinos de Taifas, está padeciendo España.