Suele decirse que el liberalismo es tan abierto que no hay dos liberales iguales. Pocas corrientes de pensamiento disfrutan de tanta riqueza ni de tanta diversidad. Mientras el sectarismo es la argamasa que unifica otras ideologías más monolíticas, el liberalismo lo suple con dos o tres principios irrenunciables de los que cada cual extrae las consecuencias con las que va conformando su forma de pensar. La fuerza de este núcleo ideológico es la que ha convertido al liberalismo en una de las filosofías políticas y económicas más influyentes de la historia reciente. Y uno de estos principios es la necesidad de una administración de la Justicia lo más eficiente e independiente posible. No le vendría nada mal a España, a día de hoy, repasar este punto.
La inmensa mayoría de los expertos en crecimiento económico afirman que el principal motivo por el que muchos países pobres no alcanzan la prosperidad no es porque los países ricos conspiren contra ellos, sino porque tienen una Justicia corrupta o ineficiente, a menudo en manos de dictadores y gobiernos totalitarios. La Justicia es la clave del desarrollo económico cuando logra proteger los dos pilares del liberalismo: la propiedad privada de cada individuo y el cumplimiento de los contratos libremente acordados. Por ello es necesario que la Justicia sea rápida, pues si las resoluciones se eternizan en los tribunales, el efecto real es de ausencia de Justicia; y también que sea independiente, pues debe proteger al ciudadano, no sólo del prójimo, sino también del Gobierno y el Poder Legislativo. Al fin y al cabo, son los elementos que más capacidad tienen para coaccionar y someter a los individuos.
La institución de la Justicia en España está dando un lamentable espectáculo en las últimas fechas. The New York Times publicaba recientemente un editorial titulado An Injustice in Spain (Una injusticia en España) en el que trataba la causa de prevaricación por la que está imputada el juez Garzón, escenificando una batalla en el que se usan tribunales como trincheras. También el Wall Street Journal, diario financiero de referencia, se sumaba a retratar a la Justicia española como un avispero que en el que se dirimen rencillas políticas. El último número del The Economist publica un artículo sobre las tres causas abiertas que tiene nuestro juez estrella, terminando de dar repercusión mundial al estado de la cosa. Para colmo, el Tribunal Constitucional sigue sumiéndose en el descrédito después de una nueva fumata negra en la resolución sobre el Estatuto de Cataluña. Como bien editorializaba Libertad Digital, este caso ilustra a la perfección la mezcla entre politización y lentitud que caracteriza a la Justicia española, ejemplo absoluto de lo que no hay que hacer.
Cuando un inversor extranjero lee lo que explica la prensa internacional sobre España, lo lógico es que se decante por llevarse el dinero a otra parte. Las últimas noticias ahondan en la ya socavada credibilidad de las instituciones españolas, que ya se extiende fuera de nuestras fronteras. Es cierto que podría ser peor. En muchos países se expropian las inversiones hechas con mucho esfuerzo por las empresas, y por tanto se frena el desarrollo. Pero eso no es excusa para no tratar de mejorar el funcionamiento de nuestra Justicia. Pues si no buscamos otra Justicia, una eficiente e independiente, no seremos un país de primera fila. De Champions League, que diría Zapatero. Y eso lo notamos los ciudadanos en nuestros castigados bolsillos.