La clase política no para de arrojar boñigas al rostro de los magistrados del Tribunal Constitucional. Muchos ciudadanos creen que se merecen eso y mucho más porque llevan cuatro años sin ser capaces de sacar una sentencia, en un sentido o en otro, sobre el estatuto de Cataluña. Sin embargo, el Tribunal no tiene la culpa. O, al menos, no toda la culpa.
Es verdad que María Emilia Casas se dejó abroncar en público por la vicepresidenta de Gobierno. Es verdad que permitió que se introdujera la "enmienda Casas", que le consiente seguir presidiendo el tribunal una vez expirado el plazo de tres años que la Constitución fija. Es verdad que, tras ser recusado Pérez Tremps y haber perdido los "progresistas" la mayoría, ha frenado la tramitación del expediente a ver si con la siguiente renovación la recuperaban. Es verdad que cuando la alcanzaron de nuevo gracias a la muerte de García-Calvo, volvió a reactivar el asunto. Es verdad que, cuando vio que uno de los suyos, Manuel Aragón, se pasaba de bando, volvió a frenar el tema para ver si "pasaba algo". Es verdad que, cuando vio que no pasaba nada, obligó a Elisa Pérez Vera a preparar hasta cinco ponencias más o menos complacientes con el estatuto a ver si alguna colaba. Y es verdad que han tenido que pasar casi cuatro años para convencerse de que una ponencia preparada por un conservador o Manuel Aragón tiene más posibilidades de ser aprobada porque en este asunto son mayoría.
Pues bien, a pesar de todo esto, la culpa no es del tribunal. La culpa es de los políticos. De todos, aunque de unos más que de otros. La culpa es de todos porque todos son los que se han acostumbrado a aprobar leyes inconstitucionales "por consenso". Pero además, la culpa es de los políticos catalanes, del Tripartito y de CiU, que enviaron a las Cortes un estatuto que sabían que era inconstitucional. También lo es de los partidos que lo aprobaron en las Cortes porque sabían que, a pesar del espeso maquillaje, el estatuto seguía siendo inconstitucional. No menos culpable es el Gobierno por haber sometido a toda clase de presiones al Tribunal Constitucional en general y a "sus" magistrados en particular con el fin de conseguir una sentencia que "sólo" declare inconstitucionales una veintena de artículos.
Pero, sobre todo, la culpa es de quien ha querido, a través del estatuto, cambiar los cimientos de nuestro sistema constitucional burlando los mecanismos de reforma que el mismo arbitra y prescindiendo del mayor partido de la oposición tras el que están más de un tercio de los españoles. Esa persona no es otra que José Luis Rodríguez Zapatero.
El Tribunal Constitucional está para resolver cuestiones de constitucionalidad en casos de alguna complejidad técnica cuando chocan dos derechos constitucionales contradictorios y es necesario deslindar hasta dónde debe llegar uno y dónde debe empezar el otro. Para lo que no está el alto tribunal es para frenar a buena parte de la clase política, la izquierda y los nacionalistas, cuando deciden violentar media Constitución y encima exigen que los magistrados les aplaudan.
El escándalo no es que el Tribunal Constitucional no haya dictado sentencia. El escándalo es que la mayoría de nuestros políticos, en Cataluña y fuera de ella, hayan aprobado un estatuto inconstitucional a sabiendas. Contra eso, no hay Tribunal Constitucional que pueda.